Una investigación de Civio revela que el fin de los plazos de protección legal devolverá al mercado libre unas 750.000 VPO (pisos protegidos) construidas desde 1991.
El interés por trasladarse a pueblos pequeños es especialmente alto entre los jóvenes de 25 a 34 años: el 38 % de los demandantes de vivienda de esa edad contempla mudarse a un municipio de menos de 10.000 habitantes.
El último informe de Amnistía Internacional califica la situación habitacional en España como una emergencia humanitaria, vinculando la falta de techo con la vulneración de derechos humanos fundamentales.
