Tras varias reuniones, el Gobierno aplicará cambios legales en cuanto a la actividad económica de los pisos turísticos

El Gobierno ajustará las reglas para reconocer los apartamentos turísticos como negocio, siguiendo decisiones judiciales, especialmente del Tribunal Supremo, sobre su regulación bajo la Ley de Propiedad Horizontal.

El Gobierno toma medidas de cara a la actividad económica en los pisos turísticos

El Gobierno está tomando medidas para definir los apartamentos turísticos como una actividad económica, según anunció la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una comparecencia en el Senado. Este tipo de viviendas está generando preocupación en las ciudades, ya que los propietarios obtienen una rentabilidad significativa al alquilarlas como viviendas vacacionales, lo que afecta al mercado residencial.

Para abordar esta situación, los ministerios de Vivienda e Industria y Turismo crearon un grupo de trabajo interministerial el año pasado. Este grupo busca intervenir en la regulación de las viviendas turísticas dentro de la actividad económica, considerando que la mayoría de las competencias recaen en las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La ministra Rodríguez destacó que están revisando el marco legal para definir los apartamentos turísticos como una actividad económica, siguiendo las decisiones judiciales, especialmente las del Tribunal Supremo, sobre su regulación bajo la Ley de Propiedad Horizontal. Este proceso implica explorar y aprovechar al máximo el margen competencial disponible.

Estas medidas buscan equilibrar los intereses económicos con la planificación urbana y el bienestar de las ciudades, abordando los desafíos que plantea el aumento de apartamentos turísticos en el mercado inmobiliario y en la vida urbana.

Cuestiones de la agenda urbana y la construcción de ciudades habituales

La ministra hizo hincapié en la importancia de ciertas decisiones judiciales recientes que vinculan la gestión de viviendas turísticas con fines económicos. Esto se refiere específicamente a dos sentencias del Tribunal Supremo que respaldan la prohibición de apartamentos turísticos en comunidades de propietarios que no permiten una actividad económica en sus estatutos. Según el tribunal, el alquiler de viviendas para uso turístico se considera una actividad económica.

Durante su comparecencia, la ministra destacó que están profundizando en este tema, señalando que es una de las nuevas áreas que podrían abordar en el marco legal. 

También planteó preguntas sobre el impacto de la vivienda turística en los centros urbanos, como quién se encarga del cuidado de la ciudad y de resolver problemas como la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos. Todas estas cuestiones también son parte importante de la agenda urbana y la construcción de ciudades habitables.

¿Qué plantea entonces el Gobierno?

La ministra Rodríguez ha señalado que el Gobierno está estudiando la regulación de los alojamientos temporales, así como los alojamientos por habitaciones, una materia que quedó fuera de la regulación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). 

Esta cuestión está actualmente en fase de estudio, con el objetivo de perseguir contratos que no son temporales para garantizar la disponibilidad de alojamientos temporales y huir de la simple actividad económica tradicional.

Se busca abordar situaciones como el aumento de precios de alquiler en ciudades donde llegan estudiantes a universidades privadas sin alojamientos universitarios disponibles. 

La ministra ha destacado que los planes estatales de vivienda serán objeto de un intenso trabajo para garantizar una colaboración rigurosa y compartida entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de financiamiento y análisis.