Lectura fácil
En el pacto entre PSOE y Junts per Catalunya para asegurar votos en la investidura de Pedro Sánchez, acordaron trabajar en una ley de amnistía para los involucrados en el procés. En el apartado sobre esta ley, se mencionaba el término 'lawfare' para señalar la posible judicialización de la política, tema que podría ser investigado en futuras 'comisiones de investigación' conforme al acuerdo.
PSOE y Junts aseguran un respaldo de la amnistía en la investidura de Sánchez
El pacto entre PSOE y Junts per Catalunya, diseñado para asegurar el respaldo en la investidura de Pedro Sánchez, contempla la elaboración de una ley de amnistía para los involucrados en el procés. Aunque el acuerdo no revela nombres, ofrece detalles sobre esta futura ley, que se extendería desde 2012 hasta 2023, a incluir a "responsables" y "ciudadanos" vinculados a eventos del procés sometidos a decisiones judiciales.
El término "lawfare" se podría introducir en el documento, refiriéndose a la judicialización de la política, una demanda expresada previamente por la formación independentista catalana. El acuerdo establece la creación de comisiones de investigación en la próxima legislatura para abordar la aplicación de la ley de amnistía, especialmente en casos relacionados con el "lawfare" o judicialización política.
Las conclusiones de estas comisiones tendrán un papel crucial en la aplicación de la ley de amnistía, considerando situaciones que podrían derivarse de dicho fenómeno, con posibles consecuencias en términos de responsabilidad o ajustes legislativos.
¿Qué significa la expresión 'lawfare'?
La expresión 'lawfare' se puede interpretar como la 'instrumentalización de la Justicia' o, inversamente, la 'judicialización de la política', según lo recogido por la Fundeu. Aunque su etimología sugiere una combinación de las palabras en inglés 'ley' y 'guerra', su significado literal no se ajusta a estos términos, según Moisés Ruiz, profesor de Comunicación especializado en comunicación política de la Universidad Europea, quien señala que más que una guerra legal, se trata de utilizar la ley, especialmente la justicia , como un instrumento al servicio del poder político.
Ruiz advierte que este término no es trivial, ya que implica reconocer una ruptura en la separación de poderes y sugiere que los jueces actúan con intereses políticos. En el contexto de la amnistía propuesta, 'lawfare ' implica que se incluirían todos los casos condenados bajo presuntas prácticas de abuso judicial, insinuando que estos condenados fueron determinados exclusivamente por decisiones judiciales que estuvieron al servicio de intereses políticos durante ciertos años.
Un término muy frecuente en Latinoamérica y poco común en España
El concepto de 'lawfare' se ha vuelto frecuente en países latinoamericanos, siendo utilizado en casos como la sentencia por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o el impeachment de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en 2016, según señala El Orden Mundial , medio especializado en geopolítica.
Aunque en España el término no es tan común, líderes de Podemos, como Ione Belarra, lo han empleado para referirse a causas judiciales en su contra, llegando a justificar, en 2021, la retención del aforamiento como una medida ante lo que ella denominó un "acoso judicial con intenciones políticas y alejado del derecho".
Según Moisés Ruiz, experto en comunicación política, la menor utilización del término en Europa se debe a que la separación de poderes es fundamental en las democracias de la región, mientras que en otras partes del mundo donde esta separación es más cuestionada, el concepto se emplea con mayor frecuencia. Ruiz señala que 'lawfare' pone a los jueces en una posición vulnerable al cuestionar su imparcialidad en la aplicación de la ley de amnistía.
Añadir nuevo comentario