El Gobierno rechaza cualquier "cálculo electoral" que impida modificar el artículo 49 de la Constitución

La reforma del artículo 49 de la Constitución es una demanda histórica de las personas con discapacidad en España. El motivo es sencillo: consideran discriminatorio y denigrante que se hable de ellas como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. En 1978 se redactó así pero cuatro décadas después resulta inapropiado e incluso ofensivo. Y es que, no les falta razón. De ello venimos hablando en numerosos artículos de GNDiario.

Las plataformas y asociaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad llevan cerca de veinte años pidiendo que se elimine el término “disminuidos” de la Carta Magna y que dicha expresión se sustituya en pleno siglo XXI por una visión adecuada del colectivo.

El artículo 49 de la Constitución se redactó en 1978 del siguiente modo: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

El Gobierno propuso eliminar la palabra ‘disminuido’ de la Carta Magna en 2018 y en 2021. El último intento arrancó ese año con un anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros.

La propuesta actual plantea modificar íntegramente el artículo 49, “tanto desde el punto de vista del lenguaje como de su estructura y contenido”, según argumentaba el texto del último anteproyecto aprobado por el Gobierno el 11 de mayo de 2021.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los mandatarios han recordado que se rechaza cualquier "cálculo electoral" que impida modificar ya el artículo de la Constitución.

Vivimos en una sociedad avanzada y no tiene ningún sentido que aparezca en nuestra Constitución la palabra ‘disminuido’

El Gobierno abogó por reformar el artículo 49 de la Constitución Española porque “no podemos permitir más la referencia como ‘disminuidos’ a las personas con discapacidad”.

Tras visitar en Antequera a la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y de su Comarca (Adipa) , el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, afirmó que el Gobierno está ocupándose "y mucho” de la modificación del artículo 49 porque están “empeñados” en lograrlo.

Para ello, dijo, “llevamos semanas trabajando con el arco parlamentario, en particular con el principal partido de la oposición, para que modifiquemos el artículo”. Pero, compartió Bolaños, “aquí no sirve ningún cálculo electoral, ni ningún cálculo electoralista, tenemos que modificar ya el artículo 49 de la Constitución y el Gobierno está en ello” porque tenemos que “retirar ese término ofensivo de 'disminuidos' de la Constitución y llamar a las personas con discapacidad como todos los organismos internacionales nos piden que le llamemos”.

Además, insistió, se trata de consolidar "un avance de derechos en la propia Constitución”

Y para ello “no vamos a hacer ningún cálculo y no vamos a permitir que nadie haga cálculos de ninguna clase" porque “es de justicia que lo cambiemos ya y el Gobierno está en ello”, remachó.

El pasado 25 de enero, el Gobierno y el PP coincidieron en la “necesidad” de modificar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término ‘disminuidos’ y hablar de ‘personas con discapacidad’, encomendándose a seguir los contactos con el fin de cerrar un "texto pactado" entre ambos y con el resto de grupos parlamentarios que se ciña a esta cuestión.

Desde entonces, siguen intentando lograr ese “texto pactado” con el resto de fuerzas políticas en un asunto “importante” y al que se dio “prioridad” en el inicio del año. De hecho, tras este encuentro con el PP, el Ejecutivo tuvo reuniones con representantes del resto de partidos, aunque no con Vox porque no respondió a la llamada, según fuentes gubernamentales consultadas.

La reforma del artículo, aprobada por Consejo de Ministros en mayo 2021, estaba paralizada en su trámite parlamentario ante la necesidad de un acuerdo entre los dos principales grupos de la Cámara por tratarse de una modificación que requiere de una mayoría de 3/5 de los diputados.

Precisamente, sigue sin haber fecha para culminar el trámite parlamentario pese a las intenciones de ambas partes de cerrar un acuerdo, para lo que habría que convocar una reunión de la Comisión Constitucional en la que se dé luz verde a un texto para elevarlo al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.