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A las 12:00, un camión de la Cruz Roja llega al asentamiento de Atochares en Almería, donde viven unos 800 migrantes que trabajan en los invernaderos. Los voluntarios distribuyen chaquetas, zapatos y agua: dos garrafas de seis litros por persona.
"Tenemos dos semanas sin agua", comenta Omar, un joven marroquí, mientras recoge las botellas para él y sus compañeros que aún trabajan. Cuenta que al final de la jornada, con el calor, muchos tienen que caminar kilómetros para encontrar agua porque los grifos están rotos.
El asentamiento de Atochares, uno de los más grandes de la zona
A las 12:00, un camión de la Cruz Roja llega al asentamiento de Atochares, en Almería, hogar de unos 800 migrantes que trabajan en los invernaderos. Los voluntarios reparten chaquetas, zapatos y dos garrafas de agua de seis litros por persona.
Omar, un joven marroquí, comenta que llevan dos semanas sin agua. “Después de trabajar todo el día bajo el calor, la gente tiene que caminar kilómetros para encontrar un grifo, ya que los del asentamiento están rotos”, lamenta.
Omar vive en una chabola cuyo techo de plástico está parcialmente derretido por un incendio que logró controlar con la ayuda de dos vecinos. No todos han tenido la misma suerte; en octubre de 2021, otro incendio dejó sin hogar a 200 personas en el asentamiento.
El asentamiento de Atochares, uno de los más grandes de la zona, ha visto cierta normalización tras 25 años. Algunos residentes han construido muros de ladrillo en sus casas y han abierto pequeñas tiendas. Incluso hay un aula al aire libre donde se imparten clases de español y un club nocturno. Sin embargo, la vida sigue siendo difícil para muchos.
Mauro, un migrante senegalés, vive en una chabola en una zona sin nombre y compra productos básicos en una furgoneta que visita su poblado al final de la jornada. Como muchos, trabaja duro y envía dinero a su familia, pero no puede traerlos a vivir con él debido a las condiciones precarias en las que reside.
Pese a la inmensa presencia de invernaderos en la región, conocidos por su "mar de plásticos" visible desde el espacio, los asentamientos de trabajadores migrantes siguen siendo invisibles para la mayoría, y las empresas agrícolas de la zona se resisten a cualquier tipo de escrutinio público o mediático.
Protestas y concentraciones a favor de los derechos humanos
A pocos kilómetros del invernadero de tomates donde trabaja Abde, se encuentran los restos de El Walili, un asentamiento de jornaleros desalojado en 2021 por orden del Ayuntamiento de Níjar.
Aquella intervención, que incluyó excavadoras, medio centenar de agentes de la Guardia Civil y un helicóptero, resultó en la demolición de un campamento donde vivían cerca de 500 personas.
Aunque el argumento oficial para el desalojo fue garantizar la seguridad de los habitantes, las soluciones ofrecidas, como las viviendas en Los Grillos, fueron insuficientes para realojar a todos los desplazados, así como a las miles de personas que aún viven en condiciones precarias. Por ello, las protestas y concentraciones organizadas por grupos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía no lograron evitar la expulsión.
Sólo el 26,9 % de los trabajadores del campo en Níjar están empadronados
Actualmente, solo el 26,9 % de los trabajadores del campo en Níjar están empadronados, y muchos lo han conseguido mediante vías irregulares, debido a la dificultad para acceder a una vivienda. Además, la falta de documentación legal afecta al 76 % de los hombres y al 86,8 % de las mujeres que residen en estos asentamientos, limitando sus posibilidades de salir de esta situación.
Tras el desalojo de El Walili, el Sindicato Andaluz de Trabajadores convocó una huelga en solidaridad con los afectados y acusó a la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, de engañar a la comunidad.
Sin embargo, el problema de la vivienda para los trabajadores migrantes en Almería sigue sin solución, pese a décadas de denuncias y visibilidad en los medios y entre las instituciones.
El Walili no se diferenciaba mucho de otros asentamientos como Atochares, salvo por su proximidad a la ruta turística hacia las playas del Parque Natural de Cabo de Gata. En esa misma carretera, una pintada en la pared de un almacén alerta a los conductores sobre la injusticia que se vive en la zona: “Asentamientos = terrorismo patronal”.
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