Manuela Carmena quiere que la M-30 sea gestión municipal 100%

Según publica el Confidencial, el Ayuntamiento de Madrid estaría cerrando los últimos flecos para municipalizar la M-30. Para ello, negocia con la adjudicataria de Madrid Calle 30, Emesa, la municipalización de la sociedad público-privada encargada de gestionar la vía de circunvalación madrileña. Según las informaciones, desde el ayuntamiento se estaría trabajando en lo relativo al "nuevo modelo de gestión de la empresa". Además, reconocen que se podría cerrar de forma inminente ya que la operación está "en una fase muy avanzada de definición".

Gestión del Ayuntamiento

En este sentido, el personal de emergencias y los trabajadores del centro de control formarán parte de la nueva empresa. Así retornaría al modelo original de 100% municipal, según los planes definidos en el principio de preacuerdo. De este modo, los actuales empleados se convertirían por tanto en trabajadores del Ayuntamiento de Madrid.

Al parecer, durante las últimas semanas se han intensificado las negociaciones a varias bandas y con mesas paralelas. Se llegó a plantear tanto la vía de una rescisión de contratos como la modificación de estos. Sin embargo, en las próximas semanas Emesa podría dar el primer paso para la remunicipalización. Esto sería a través de su renuncia al contrato de gestión de Madrid Calle 30.

Emesa, la empresa de mantenimiento y explotación de la M-30, formada por ACS y Ferrovial, posee ahora el 20% de las acciones de esta empresa público-privada. Su valor está calculado en unos 100 millones. No obstante, algunos informes señalan que si se suma el ahorro en impuestos, intereses y dividendos a medio plazo, ascendería a 300 millones.

¿Condonación de la deuda?

En ciertos sectores, preocupa que esta operación se cierre condonando una deuda de 60 millones a la adjudicataria. Correspondería a facturas por el suministro de la luz. Y es que el Ayuntamiento de Madrid se ha hecho cargo desde 2005 de los costes derivados del suministro eléctrico. Esto a pesar de que un dictamen aprobado en 2017 recogiese la obligatoriedad de Emesa de hacerse cargo de las facturas. Pues bien, el Ayuntamiento de Madrid podría solicitar un importe total de 54.343.000 euros a Emesa.

Otro de los temores que se señalan es que esta operación no vaya acompañada de la apertura de un expediente de rescisión. Según las mismas fuentes, todo podría quedar en "papel mojado". Esto sería maquillando una remunicipalización sin que apenas varíen las condiciones ni se corrijan aspectos lesivos. De este modo, "irregularidades" como el de las facturas del suministro eléctrico no serían denunciadas ni llevadas a los juzgados.