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El termómetro del planeta no deja de pulverizar marcas históricas y la factura humana se cobra miles de vidas cada temporada. Un prestigioso panel integrado por 146 científicos procedentes de una treintena de países ha reclamado formalmente que la crisis ecológica sea declarada como una emergencia sanitaria mundial ante el avance implacable del calentamiento global. A través de la décima edición del informe de Lancet Countdown sobre salud y clima, publicado este año 2026, los investigadores advierten de que las amenazas vitales para la población crecieron con mayor virulencia en la década posterior a la adopción del Acuerdo de París (2016-2025) que en el decenio anterior. Las estaciones intermedias se desvanecen: la primavera y el otoño prácticamente han desaparecido, dejando paso a veranos interminables de calor extremo. En regiones como el Levante español, las lluvias han mutado en temporales torrenciales y las muertes por calor baten récords anuales. Ante esta cruda realidad, la comunidad científica internacional exige un cambio de rumbo radical: la salud humana debe marcar las prioridades políticas y financieras.
Un autobús sin frenos cuesta abajo
Las conclusiones del informe no dejan lugar a dudas ni a interpretaciones complacientes en las cancillerías internacionales. La velocidad a la que se multiplican los daños directos sobre la salud pública desborda la capacidad de respuesta de las instituciones sanitarias. La directora ejecutiva de Lancet Countdown, Marina Romanello, subraya que los perjuicios físicos y vitales derivados del calentamiento global avanzan a un ritmo mucho más acelerado que las medidas adoptadas para contenerlos. En este mismo sentido se pronuncia Eduardo Satué, presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), quien describe el panorama actual con una imagen gráfica y sobrecogedora: la situación se asemeja a la de un autobús sin frenos que baja por una pendiente empinada. Aunque se intenta frenar, el vehículo no se detiene porque las emisiones de dióxido de carbono continúan acumulándose sin tregua en la atmósfera. Los parches no bastan cuando el sistema entero va cuesta abajo.
El impacto letal del calentamiento global
Los registros de mortalidad del documento dibujan un panorama desgarrador. Entre 2016 y 2023, las altas temperaturas se vincularon a 540.800 muertes anuales estimadas, de las cuales el 68 % se debieron al clima, frente al 55 % del decenio anterior. Solo durante el año 2023, considerado el más caluroso de la serie histórica analizada, el calor extremo provocó 710.000 fallecimientos, una cifra pavorosa que superó con creces las muertes causadas en ese mismo periodo por enfermedades infecciosas como la malaria o el VIH. En total, casi tres millones de personas perdieron la vida por este motivo en un lapso de ocho años. Sin embargo, los expertos sanitarios avisan de que el mayor peligro cotidiano no reside únicamente en los termómetros diurnos que rozan los cuarenta grados, sino en las noches tropicales. Dormir durante semanas con valores que no bajan de 27 grados impide que el cuerpo expulse el calor acumulado, provocando un déficit de oxigenación y desencadenando crisis mortales en personas con problemas cardiovasculares o respiratorios. Asimismo, la aceleración del calentamiento global dispara la concentración de partículas en suspensión en el aire urbano, obligando a replantear el diseño de las ciudades para proteger a los más vulnerables.
El espejismo de la transición energética
El esfuerzo económico en sostenibilidad de los últimos ejercicios arroja conclusiones profundamente contradictorias. Por un lado, la inversión internacional en energías limpias alcanzó en 2025 un récord de 2,1 billones de dólares, un 7,2 % más que el año previo y un 82 % más que lo destinado a combustibles tradicionales. Gracias a este empuje, la electricidad procedente de fuentes renovables pasó de representar el 5,5 % en 2016 al 13,5 % en 2023, una mejora sustancial que ha evitado cerca de 323.000 muertes prematuras al año por contaminación atmosférica en casi ochenta países. Sin embargo, este avance verde resulta insuficiente para compensar el voraz aumento de la demanda energética mundial, provocando que los combustibles fósiles continúen suministrando más del 80 % de la energía consumida en el planeta. La investigadora Maria Walawender denuncia que 87 países llegaron a destinar 906.000 millones de dólares en subsidios directos a industrias contaminantes, comprometiendo partidas presupuestarias equivalentes a gran parte del gasto nacional en sanidad. Ese dinero público debería haberse invertido en fortalecer hospitales y blindar a las comunidades frente a las embestidas del calentamiento global.
Golpe demoledor a la economía y al campo
Las consecuencias del descalabro ambiental van más allá de los centros sanitarios y sacuden el mercado de trabajo. En 2025, el calor sofocante redujo de forma drástica la capacidad física de las personas para desempeñar sus labores de manera productiva, lo que supuso para la economía mundial una pérdida estimada de 1,07 billones de dólares en ingresos potenciales, equivalentes al 0,91 % del producto interior bruto global. Se trata del tercer año consecutivo en el que las pérdidas laborales rebasan el billón de dólares, castigando con especial crueldad a los trabajadores de regiones como el sudeste asiático y África, donde la merma del PIB alcanzó el 3,9 % y el 3,2 %, respectivamente. La investigadora Walawender recuerda que los operarios al aire libre que no pueden faenar corren el riesgo de perder sus ingresos netos, destruyendo los determinantes sociales elementales para una vida saludable. De forma paralela, el mapa mundial sufre una crisis hídrica ligada al calentamiento global: el 51,8% de la superficie terrestre padeció sequías extremas durante al menos un mes en 2025, un ritmo de crecimiento un 700% superior al de la década anterior. Esta alteración extrema del agua pone en riesgo cosechas, alimentos y saneamiento para millones de personas.
La injusticia de la ley de cuidados inversos
Aunque los fondos para estudiar salud y clima crecieron un 655 % entre 2016 y 2024 (de 42 a 316 millones de dólares), su reparto territorial perpetúa una dolorosa injusticia histórica. El 84 % de todo ese dinero se destina de forma sistemática a equipos de investigación radicados en los países más ricos y desarrollados del planeta, marginando a las naciones del sur global, que son precisamente las que soportan las peores consecuencias del cambio en primera línea. El portavoz de SESPAS lamenta que este fenómeno responde con exactitud a la conocida ley de cuidados inversos: se vuelca más atención y dinero sobre quien menos lo necesita, abandonando a su suerte a los territorios más frágiles. El progresivo desmantelamiento de programas de cooperación internacional, ejemplificado en el declive de iniciativas como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha dejado a las regiones más desfavorecidas sin herramientas diagnósticas ni capacidades preventivas para gestionar emergencias sanitarias complejas.
Una cita decisiva en la cumbre del clima
Con la celebración de la trigésimo primera Conferencia de las Partes (COP31) a la vuelta de la esquina, el colectivo científico exige a los líderes políticos que abandonen la retórica vacía y asuman sus responsabilidades históricas. Los diplomáticos no pueden limitarse a discutir sobre porcentajes abstractos de emisiones o décimas de grado en un documento cerrado en despachos, sino que deben situar la supervivencia humana en el centro de cada debate. La investigadora Maria Walawender insiste en que la salud pública debe ser el eje prioritario de cualquier acuerdo internacional vinculante, condicionando los fondos de resiliencia y las metas de descarbonización. El tiempo de las prórrogas se ha agotado por completo y la atmósfera no esperará a que las sociedades humanas decidan cuándo ponerse de acuerdo. Como advierte tajantemente Satué, el deterioro ambiental no esperará a consensos políticos tardíos: frente a una mortalidad que ya dobla a la de hace una década, urge preguntarse cuántas vidas humanas más deben perderse para actuar. Frenar el avance del calentamiento global y preparar la sanidad pública representan la última oportunidad para evitar una catástrofe humanitaria de dimensiones irreparables.
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