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Plena Inclusión reclama un aumento de la inversión pública y una ley específica que garantice más protección, ayudas y recursos a las familias con discapacidad. La organización propone 14 medidas para reducir la sobrecarga económica y emocional de los cuidadores y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de cara a la próxima legislatura.
Plena Inclusión pide más inversión para proteger a las familias con discapacidad
La atención a una persona con discapacidad intelectual supone, en muchos hogares, un esfuerzo económico, personal y emocional que se prolonga durante años. Los gastos adicionales, las dificultades para compaginar el empleo con los cuidados y la falta de recursos de apoyo condicionan la vida cotidiana de quienes asumen estas responsabilidades. Ante esta situación, Plena Inclusión España reclama un mayor compromiso de las administraciones públicas y medidas que reconozcan las necesidades de estos hogares.
Según diferentes estudios realizados por la organización, el sobrecoste económico que soportan algunas familias puede alcanzar los 40.000 euros anuales. Esta cantidad depende del grado de discapacidad y de las necesidades de apoyo de cada persona.
Además de los gastos relacionados con la asistencia, el transporte o los productos específicos, también hay que tener en cuenta la reducción de ingresos que se produce cuando un familiar debe modificar su jornada laboral o dejar de trabajar para atender a otra persona.
Más ayudas para reducir la desigualdad
Plena Inclusión considera que las familias con discapacidad no disponen actualmente de una protección suficiente para compensar este esfuerzo. La ausencia de una legislación específica y las diferencias entre comunidades autónomas dificultan el acceso a determinados recursos y prestaciones.
La entidad también pone el foco en la inversión pública destinada a las políticas familiares. España dedica el 1,39 % de su producto interior bruto a este ámbito, frente al 2,5 % de media de la Unión Europea. Una diferencia que, según la organización, evidencia la necesidad de reforzar las ayudas y mejorar los servicios disponibles.
Esta falta de respaldo tiene consecuencias directas. La sobrecarga de los cuidadores puede provocar problemas de salud, dificultades económicas y menos oportunidades para desarrollar una vida independiente. Además, cuando los recursos son insuficientes, las personas que necesitan apoyos también encuentran mayores obstáculos para participar en la sociedad.
Por ello, Plena Inclusión defiende que proteger a las familias con discapacidad es también una manera de garantizar los derechos y el bienestar de las personas que reciben los cuidados.
Catorce propuestas para la próxima legislatura
Para encontrar soluciones, la organización ha trabajado junto a la consultora Fresno en un informe que analiza las políticas de apoyo aplicadas en países como Suecia, Alemania y Reino Unido. El estudio recoge más de 50 iniciativas y selecciona 14 medidas que considera prioritarias para trasladar a España.
Las propuestas se agrupan en tres ámbitos: servicios y apoyos, prestaciones económicas y medidas fiscales. Entre ellas destaca la creación de una figura profesional que pueda orientar a los hogares, explicarles qué ayudas tienen disponibles y acompañarlos durante los trámites administrativos.
También se plantea ampliar la asistencia personal para facilitar actividades de ocio, deporte y participación social. Otra de las medidas consiste en ofrecer alternativas de cuidado cuando la persona responsable no pueda atender temporalmente a su familiar.
En el apartado económico, se proponen compensaciones por los gastos adicionales, ayudas para adaptar viviendas y deducciones fiscales vinculadas a productos y servicios relacionados con la discapacidad.
Una ley para garantizar derechos
La principal reivindicación de la organización es impulsar una ley de familias con discapacidad que establezca un marco común de protección y evite que las ayudas dependan del territorio en el que se resida.
Plena Inclusión considera que las familias con discapacidad necesitan recursos estables, servicios accesibles y políticas que faciliten la conciliación. Su propuesta es trasladar estas demandas a los partidos políticos para que formen parte de sus programas de cara a la próxima legislatura.
La organización insiste en que apoyar a los cuidadores no debe considerarse un gasto, sino una inversión en bienestar, autonomía y prevención. El objetivo es que las familias con discapacidad puedan atender a sus seres queridos sin renunciar a su empleo, sus relaciones personales ni sus propios proyectos de vida.
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