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Las cárceles catalanas han propuesto que los nueve líderes independentistas encarcelados por el procés sean clasificados, de entrada, en el segundo grado penitenciario. La propuesta, acordada por las juntas de tratamiento -un órgano técnico formado por profesionales- no es vinculante para el Departamento de Justicia, que tiene la última palabra.
El segundo grado o régimen ordinario -en el que cumple la mayoría de presos en España- implica que, por ahora, no podrán disfrutar de permisos de salida.
La decisión se ha adoptado después de un "intenso debate" y "sin unanimidad", según el Govern
La medida afecta a los nueve presos condenados por sedición y malversación: el ex vicepresidente Oriol Junqueras; los ex consejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.
Les permitiría salir para trabajar o hacer voluntariado
El responsable de Prisiones de Cataluña, Amand Calderó, anunció este miércoles calificar a los presos del procés en segundo grado penitenciario.
Calderó explicó de manera detallada el procedimiento para tomar esta decisión, insistió en que la condena a prisión no es “un castigo” sino una vía para rehabilitar al condenado. Puntualizó que, en cualquier caso, la decisión última sobre la progresión de grado penitenciario está en manos de los jueces.
En una actuación inédita, Calderó hizo una comparecencia pública en la que defendió la profesionalidad de los integrantes de las juntas de tratamiento de prisiones. Insistió en que sus decisiones están fundamentadas y se ajustan a los mismos criterios en todo el territorio nacional.
Todos los presos eran partidarios de la concesión del tercer grado
La defensa de los presos de ERC, se ha mostrado más comprensiva con la posibilidad de que las juntas propusieran el segundo grado como clasificación inicial. Sobre todo, teniendo en cuenta la longitud de las penas. Los republicanos anunciaron que recurrirían la decisión para solicitar el tercer grado y que, en paralelo, pedirían la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite salidas flexibles y diarias de prisión para acudir al trabajo o para atender otras necesidades, como el cuidado de familiares. La defensa de Junts per Catalunya, en cambio, considera que existen motivos sobrados para conceder de entrada el tercer grado y recuerdan que la decisión final queda en manos del Govern.
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