El CERMI quiere ampliar la cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad a las empresas de entre 25 y 49 trabajadores. La organización trasladará esta propuesta al nuevo Parlamento tras las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, con el objetivo de aumentar las oportunidades laborales de este colectivo y extender la inclusión a un mayor número de compañías.

El CERMI quiere que las empresas estén obligadas a contratar a personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) quiere ampliar las obligaciones de contratación de las empresas españolas. Para ello, propondrá al nuevo Parlamento que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 que las compañías con plantillas de entre 25 y 49 trabajadores también tengan que reservar puestos de trabajo para este colectivo.

La iniciativa de CERMI pretende aumentar las oportunidades de acceso al mercado laboral y conseguir que la inclusión tenga una mayor presencia en las pequeñas y medianas empresas. Actualmente, miles de trabajadores siguen encontrando dificultades para acceder a un empleo, por lo que la organización considera necesario ampliar las medidas que favorecen su incorporación al mundo profesional.

Una nueva obligación para las pequeñas empresas

La normativa española establece actualmente que las empresas públicas y privadas que cuentan con 50 trabajadores o más deben reservar, como mínimo, el 2% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad. Esta obligación forma parte de las medidas destinadas a favorecer su integración laboral.

Sin embargo, las compañías que tienen menos de 50 empleados quedan fuera de esta exigencia. Por este motivo, el CERMI considera que es necesario modificar la legislación para que las empresas de entre 25 y 49 trabajadores también tengan que cumplir con una cuota de contratación.

La propuesta supondría que estas compañías incorporasen, al menos, a un empleado con discapacidad a sus plantillas. De esta forma, la reserva de empleo llegaría a un mayor número de negocios y permitiría ampliar las posibilidades de encontrar trabajo en sectores donde actualmente no existe esta obligación.

Desde el comité señalan que este grupo de empresas representa una parte muy numerosa del tejido productivo español. Por tanto, extender la medida podría tener un impacto importante en las oportunidades de empleo y en la participación de este colectivo en la actividad económica.

Una propuesta para los partidos políticos

La organización quiere que esta reivindicación forme parte de los compromisos de las diferentes formaciones políticas que concurrirán a las próximas elecciones generales. Su intención es que el nuevo Parlamento estudie la modificación normativa y que el futuro Gobierno pueda impulsar su aplicación durante los primeros meses de la legislatura.

El objetivo es avanzar hacia un mercado laboral más accesible, en el que las oportunidades profesionales no estén condicionadas por la existencia de barreras relacionadas con la discapacidad. Para ello, consideran fundamental que las medidas de contratación obligatoria alcancen también a empresas de menor tamaño.

Esta propuesta coincide, además, con los trabajos del Gobierno para reforzar las sanciones a las compañías de 50 o más trabajadores que no respeten la cuota legal de reserva de empleo.

De esta manera, el CERMI plantea ampliar el alcance de la normativa y, al mismo tiempo, mejorar su cumplimiento. La organización considera que extender esta obligación sería una medida asumible para las empresas y permitiría avanzar en la igualdad de oportunidades.

La iniciativa busca que cada persona con discapacidad tenga más posibilidades de acceder a un empleo, desarrollar sus capacidades y construir un proyecto profesional propio. Para el CERMI, facilitar la contratación también es una forma de combatir la exclusión laboral que todavía afecta a este colectivo en España.