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La Diputación Permanente del Congreso ha escenificado este jueves 12 de noviembre el último y agónico pulso legislativo de la legislatura. Horas después de la histórica huelga general del 11N y en la víspera exacta del arranque oficial de la campaña electoral para el 29N, el órgano que sustituye al Pleno tras la disolución de las Cortes ha votado los dos polémicos decretos ley en materia de vivienda. Según los datos del debate, el resultado evidencia la extrema fragmentación del arco parlamentario: el bloque gubernamental ha logrado salvar in extremis el decreto principal por un solo voto, pero ha visto naufragar el segundo texto tras el desmarque del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Aprobación por la mínima: topes a las rentas y alquiler de temporada
El primer decreto de vivienda, que actúa como columna vertebral de la respuesta gubernamental a la crisis habitacional, ha logrado la convalidación gracias a una precaria mayoría de 35 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos) frente a 34 en contra (PP, Vox y Junts). Este texto consolida una fuerte intervención en el mercado mediante cuatro vías principales:
- Regulación de resquicios legales: Se establece por primera vez un control normativo estricto sobre el alquiler de temporada y el arrendamiento por habitaciones, figuras utilizadas frecuentemente para esquivar la Ley de Vivienda.
- Tope a las rentas y prórrogas: Se prolonga la limitación a la actualización anual de los precios del alquiler hasta finales de 2027 y se impone una prórroga obligatoria de dos años para los contratos que venzan antes de 2029.
- Escudo social y fiscal: Se prohíben los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta diciembre de 2030, se introducen nuevos límites a la operatividad de los fondos de inversión y se activan líneas de préstamos ICO de hasta 50.000 euros para facilitar la compra de la primera vivienda.
El fracaso del segundo decreto de vivienda, el 'no' del PNV a las indemnizaciones
La otra cara de la moneda ha sido el fracaso del segundo decreto ley sobre vivienda, defendido desde la tribuna por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Esta norma pretendía sustituir la actual prórroga anual de los contratos por renovaciones automáticas de cinco a siete años. Su punto más polémico, sin embargo, era la imposición de una penalización económica al propietario: si este decidía no renovar el contrato (salvo excepciones tasadas), estaba obligado a indemnizar al inquilino con el equivalente a doce mensualidades.
La diputada del PNV, Maribel Vaquero, ha justificado el voto en contra de su formación —que ha resultado letal para las aspiraciones de Sumar— argumentando que el decreto "buscaba la confrontación" y generaba una severa inseguridad jurídica, recordando que "proteger a unos no es ir contra otros". De igual modo, Josep Maria Cruset (Junts) ha tildado los decretos de "operación electoralista" que incrementará la desconfianza de los propietarios y reducirá la oferta en el mercado, argumentario compartido por el bloque conservador.
Precampaña, huelga y promesas de derogación
El debate parlamentario ha estado profundamente condicionado por el estallido social del día anterior y por las encuestas del inminente 29N. Desde las filas de Sumar y Podemos, dirigentes como Ione Belarra y Alberto Ibáñez han aprovechado su turno para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las cargas policiales contra los piquetes de la huelga del 11N, mientras celebraban el seguimiento masivo de las movilizaciones. Gabriel Rufián (ERC), pese a votar a favor, ha recriminado al PSOE la falta de ambición previa, asegurando que vota para mantener a un partido socialista "sometido".
En paralelo al debate, las fuerzas de seguridad desalojaban a primera hora de la mañana la acampada por el derecho a la vivienda en las céntricas Setas de Sevilla. En el plano electoral, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado formalmente que, si alcanza la presidencia del Gobierno tras las elecciones, derogará estas normativas por considerar que atentan contra la propiedad privada y hunden la oferta de pisos, garantizando un giro radical en el enfoque de la política habitacional del Estado.
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