Justicia obliga a impartir en castellano un 25 % de la enseñanza catalana

Por primera vez, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga que el castellano se imparta en, al menos, el 25 % de las clases en todo el sistema educativo de la comunidad.

Esta sentencia podría suponer un giro en el modelo de inmersión lingüística que se está aplicando en Cataluña, pero la Generalitat se va a acoger a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), más conocida como Ley Celaá.

Esta entrará en vigor en pocas semanas, y deja de considerar al castellano como lengua vehicular en aquellas comunidades autónomas que tengan un segundo idioma oficial.

La obligación de que un 25 % de las horas lectivas sean en castellano viene de parte de los jueces

Además de la enseñanza de la lengua oficial, el TSJC, establece que “ha de incluir íntegramente al menos el de otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo”.

Dicha proporción, que sale citada en la Constitución, se establece a partir de casos individuales planteados en la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal catalán, así como del Tribunal Supremo.

Ese 25 % que reclaman los jueces de la presencia del castellano es el “mínimo por debajo del cual no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de normal dentro del sistema”.

El TSJC aunque aclara que no va a entrar en cómo se va a garantizar el uso en la enseñanza del castellano y el catalán, precisa que si que le corresponde “enderezar la actual situación contraria al ordenamiento”.

Según el TSJC, el motivo de su aparición es que “la Generalitat no ha ejercido su competencia dictando la normativa, las instrucciones o los actos de aplicación que sean necesarios a los efectos de determinar el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza, ni ha ejercido una actividad susceptible de evitar la citada situación”.

Por su parte, Pere Aragonès dijo que “en Cataluña hay un amplio consenso a favor de la inmersión lingüística porque pedagógicamente es el mejor sistema”.

“Hace tiempo que se la quieren cargar a golpe de tribunales, pero la defenderemos en todas partes como un solo pueblo”, añadió el Aragonès.

Según Esther Niubó, diputada del PSC en el Parlament “la situación legal puede ser diferente en cuestión de días con la ley Celaá. Lo relevante es el pleno dominio de las lenguas oficiales, castellano y catalán, al final de la educación obligatoria, aplicando criterios de flexibilización y compensación, tal como introduce por primera vez la Lomloe”.

“Desde Barcelona siempre hemos defendido el modelo de inmersión lingüística para garantizar el bilingüismo y que tan bien ha funcionado desde hace décadas”, apuntó Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.

El castellano, asunto de Estado para algunos

Pablo Casado, líder del PP, apuntó que “es Pedro Sánchez, la ministra de Educación y la Alta Inspección los que tienen que velar porque la sentencia se cumpla de inmediato”.

En la misma línea de este asunto del castellano, el candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, expresó su alegría por la sentencia, apuntando que tiene carácter general y no se centra de manera exclusiva en aquellas familias que piden una enseñanza solo en este idioma.