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El Ejecutivo central apura las últimas horas de negociación parlamentaria para incorporar en el Real Decreto-ley de emergencia habitacional una medida de máximo calado estructural: la prohibición explícita de que los fondos de inversión y grandes tenedores puedan adquirir viviendas residenciales con fines puramente sobre compra especulativa de vivienda. Esta iniciativa busca frenar el acaparamiento de inmuebles en zonas de mercado tensionado, garantizando que el parque residencial existente se oriente prioritariamente a satisfacer la demanda de alquiler social o a la compra directa por parte de familias y ciudadanos residentes.
La restricción a los fondos de inversión y la defensa del parque residencial contra la compra especulativa de vivienda
La propuesta negociada en el seno de la coalición pretende establecer un filtro regulatorio sobre las transacciones inmobiliarias realizadas por corporaciones financieras en municipios golpeados por la subida abusiva de precios ante la compra especulativa de vivienda.
La norma busca desincentivar las compras masivas de bloques de viviendas destinados a la rentabilidad a corto plazo o a la conversión sistemática en alquileres turísticos y de temporada. Con este movimiento, se intenta blindar la función social de la propiedad amparada por la Constitución Española, evitando que la inyección de capital especulativo continúe desplazando a los inquilinos de sus barrios habituales e incrementando artificialmente el valor del metro cuadrado.
Geometría parlamentaria y exigencias del bloque de investidura
La inclusión de esta cláusula anti-especulación o anti compra especulativa de vivienda, para que quede más claro, responde a la fuerte presión ejercida por los socios parlamentarios de la investidura, entre los que se encuentran Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC y BNG, quienes condicionan su voto afirmativo a que el decreto contenga reformas de impacto estructural y no meros parches procedimentales.
Por su parte, la negociación con formaciones como Junts per Catalunya gira en torno al ajuste fino de las exenciones, de modo que la restricción afecte prioritariamente a las grandes corporaciones internacionales sin penalizar las inversiones orientadas a la rehabilitación del parque edificado o la promoción de nueva vivienda protegida. La búsqueda de este equilibrio resulta determinante para asegurar la convalidación de la norma en la Cámara Baja.
Impacto en el mercado inmobiliario y respuesta del sector financiero
La posibilidad de vedar la adquisición de inmuebles a los fondos de inversión ha reavivado el debate entre la intervención pública y la libertad de mercado en el sector inmobiliario. Mientras los colectivos sociales y las organizaciones de inquilinos celebran la medida como un avance histórico para desacoplar el derecho a la vivienda de la especulación financiera y el fin de la compra especulativa de vivienda, patronales inmobiliarias y fondos advierten sobre un posible retraimiento de la inversión extranjera y el estancamiento de proyectos de regeneración urbana.
El Ejecutivo confía en que la aprobación del decreto proporcione un marco de certidumbre jurídica que redirija el capital privado hacia la edificación de vivienda asequible de nueva planta, alejándolo de la compra oportunista de inmuebles ya construidos.
Vetar la compra especulativa de vivienda por parte de fondos en zonas tensionadas es un paso imprescindible para devolver a la vivienda su función social y proteger a las familias frente al acaparamiento inmobiliario.
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