Irene Montero reclama una “Constitución feminista”

La ministra de Igualdad y secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, Irene Montero, reclamó este lunes, Día de la Constitución, una Constitución feminista, dado que la de 1978 “solo tiene padres”, en el sentido de que sus siete ponentes fueron hombres.

Varias generaciones de feministas, nuestras madres y abuelas, hicieron posible la democracia, pero nuestra Constitución solo tiene padres. La mejor forma de honrar a quienes han venido antes es seguir luchando por conquistar sus sueños. Nos merecemos una Constitución feminista

— Irene Montero (@IreneMontero) December 6, 2021

Montero publicó un mensaje en su perfil de Twitter para arrancar la celebración de la efeméride, centrado en una circunstancia que ya resaltó en otro tuit anterior su compañera de partido, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

“Varias generaciones de feministas, nuestras madres y abuelas, hicieron posible la democracia, pero nuestra Constitución solo tiene padres. La mejor forma de honrar a quienes han venido antes es seguir luchando por conquistar sus sueños. Nos merecemos una Constitución feminista”, expuso la ministra de Igualdad.

En la Constitución Española la palabra “mujer” aparece tan solo dos veces

En el artículo 32, derecho a contraer matrimonio, y en el artículo 57, al establecer la prelación del hombre sobre la mujer en el acceso a la jefatura del Estado.

El principio de igualdad entre hombres y mujeres del artículo 14 se complementa con el artículo 35, que enuncia el derecho al trabajo, a la remuneración y a la promoción, con expresa interdicción de la discriminación por razón de sexo. Eso es todo.

La carta magna daba la igualdad por hecha

Esta escueta regulación no significa, como el tiempo, la legislación y la jurisprudencia se han encargado de demostrar reiteradamente, que la Constitución Española pusiese el más mínimo obstáculo a la igualdad entre hombres y mujeres. Al contrario.

Esa suposición se cimentaba en un análisis elaborado desde una perspectiva exclusivamente masculina y patriarcal que suele ignorar o eludir los cambios estructurales que son necesarios para lograr la emancipación real de las mujeres.

Incluso las mujeres pertenecientes a los partidos de izquierdas así como los incipientes movimientos feministas asumieron que la prioridad del 78 no era la igualdad entre hombres y mujeres, sino la consecución, tras 40 años de dictadura, de la democracia y del Estado social de derecho. 

La cuestión ahora es ver si ante un futuro proceso de reforma constitucional es necesaria una actualización.

Unidas Podemos pide que la calle empuje para poder cambiar la Constitución

De este modo, Unidas Podemos ha exigido cambios constitucionales para blindar los derechos sociales y la sanidad y hacer una Constitución feminista y verde y ha avisado de que para poder mejorar la Carta Magna es necesario que la sociedad presione porque la actual correlación de fuerzas parlamentarias es insuficiente. 

Los morados piden construir nuevos consensos en torno a tres retos. El democrático, donde piden más participación directa; el territorial, en el que reclaman el desarrollo del estado de las autonomías en clave federal, para garantizar la realidad plurilingüe y plurinacional, y el de los derechos sociales, para blindar los existentes e incluir los de última generación: medioambiente y feminismo. 

Reclaman asimismo revertir la última reforma de la Constitución, la que introdujo el artículo 135, para impugnar que se rescate antes a los bancos que a las personas.

Mientras no haya cambios, reclaman que la Constitución se cumpla y citan varios artículos: el 47, el de derecho a una vivienda digna, donde reclaman el próximo año sea el de la ley de vivienda, y el 122, que regula el Poder Judicial, respecto al que exigen que termine el 'secuestro' del PP, al que culpan de los tres años que lleva paralizada la renovación de sus vocales.

Aluden además al artículo número 14, el de la igualdad de todos ante la ley, para reclamar que el rey emérito dé explicaciones porque en una sociedad democrática «no es de recibo» que un jefe de estado pueda 'delinquir impunemente'.