La revisión de contratos públicos excluida de las negociaciones entre PSOE y Sumar para los Presupuestos

El partido Sumar ha adoptado una estrategia proactiva en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado, buscando asegurar un acuerdo con el PSOE antes de iniciar conversaciones con otros grupos políticos.

Esta táctica se fundamenta en un enfoque gradual y asegurado para lograr consensos clave antes de ampliar el diálogo con otras fuerzas políticas. Entre las propuestas iniciales presentadas por Sumar se incluye un aumento del IPREM en un 5 %, una medida que responde a las demandas sindicales por mejoras en el subsidio por desempleo. Sin embargo, la revisión de la ley que restringe la modificación de contratos públicos ante incrementos de costos no fue incorporada en esta propuesta inicial, a pesar de ser solicitada por la CEOE durante las discusiones sobre el salario mínimo.

Orígenes y fundamentos de la normativa

La normativa restrictiva respecto a la revisión de contratos públicos tiene su origen en dos leyes aprobadas durante el gobierno de Mariano Rajoy: la Ley de Desindexación de la Economía y la Ley de Contratos Públicos.

Estas leyes han generado dificultades significativas para las empresas contratistas de servicios públicos, al imponer limitaciones estrictas a la adaptación de costos frente a cambios en el entorno económico, incluyendo aumentos salariales, ajustes fiscales y otras variables.

Impacto y valoraciones expertas

Expertos como Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), han criticado la rigidez de estas normativas. Izquierdo señala que las restricciones impuestas por la ley de desindexación no son adecuadas para contratos que implican servicios intensivos en mano de obra, como limpieza y mantenimiento, donde los costos laborales son componentes críticos de la estructura de costos operativos.

Opiniones y perspectivas de cambio

Tanto sindicatos como organizaciones empresariales han expresado un amplio apoyo para modificar la ley de Contratos del Sector Público. Argumentan que la falta de flexibilidad en los contratos públicos ha exacerbado las condiciones precarias de trabajo y ha amenazado la sostenibilidad económica de muchas empresas contratistas. Este consenso ha sido reflejado en el V Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva firmado en mayo de 2023, donde se destacó la necesidad de reformar la normativa para asegurar condiciones laborales justas y sostenibles en el sector público.

Desafíos y necesidades de reforma

El principal desafío radica en la inflexibilidad de los contratos públicos actuales, que obliga a las empresas contratistas a operar bajo presupuestos ajustados y condiciones rígidas que no permiten la adaptación ante cambios económicos y laborales. Esta situación ha contribuido a un aumento en el número de contratos públicos desiertos, reflejando la incapacidad de las empresas para cumplir con los términos contractuales bajo condiciones restrictivas.

Así las cosas, la necesidad de revisar la normativa de contratos públicos es urgente y fundamental para garantizar una gestión eficiente y sostenible de los servicios públicos. Una reforma integral permitiría a las empresas contratistas operar de manera más flexible y adaptativa, asegurando la calidad y continuidad de los servicios públicos esenciales para la sociedad.