¿Llega el fin de los contratos temporales en España?

Pese a los buenos datos del paro en el mes de octubre, miles de personas en España se enfrentan cada día a la incertidumbre de si mantendrán su empleo. Una inquietud que asalta cada pocos meses o, incluso, cada semana y que suele desencadenar muchas otras. En ocasiones, básicas, como si podrán pagar el alquiler o la hipoteca de la vivienda en la que residen.

España es la campeona en Europa en contratos temporales, con casi una de cada cuatro personas asalariadas (24,2 %) con este tipo de contratación. Le sigue Polonia, a bastante distancia, con un 18,4 % de sus empleados en esta situación. La media de la zona euro está diez puntos por debajo de la española, en el 14,2 %, según Eurostat.

El Gobierno se ha comprometido con la UE a combatir la excesiva temporalidad laboral, muchas veces ligada a situaciones de fraude.

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El problema de los contratos temporales se conoce desde hace tiempo. Lo dicen los gobiernos de turno y todo organismo internacional que analiza nuestra economía. En el diagnóstico no hay prácticamente debate, pero es precisamente el artículo que regula la duración de los contratos el que centra la discusión para cerrar un acuerdo sobre la reforma laboral. 

"Vamos a debatir qué criterios permitirían la contratación temporal y sus porcentajes máximos”, explicaba este miércoles del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez. Se supone que el Gobierno de coalición ha firmado ya la paz en este asunto. Ahora toca convencer a sindicatos y empresarios de qué fórmula aplicar para reducir la temporalidad. 

Lo cierto es que en nuestro país hay muchos contratos temporales, tanto en la hostelería como en la sanidad, son dos actividades muy distintas pero que hacen multitud de estos contratos, el 60 % de estos son recontrataciones. Es decir, que recurren a las mismas personas. Es una barbaridad.

Además, España no solo tiene mucha temporalidad de media, sino que enfrenta tasas disparadas en colectivos como los jóvenes (52 % entre menores de 30 años), una disparidad de género que afecta más a las mujeres, y un problema creciente en los últimos años de temporalidad 'ultraprecaria', la que se alimenta de los contratos más cortos. 

Los contratos de menos de siete días se duplicaron en la última década, hasta suponer aproximadamente el 25 % de los que se firman. Uno de cada cuatro.

¿Qué propone el Gobierno para atajar los contratos temporales?

• La propuesta del Gobierno plantea limitar al 15 % el porcentaje de temporales de la plantilla de una empresa. El objetivo es reducir mucho la casuística que pueda justificar que las empresas recurran a este tipo de contratación.
• El planteamiento del ministerio de Trabajo es que no hay causas objetivas que expliquen el elevado uso que hacen las compañías de este tipo de contratación y por eso plantea regularlo.
• Aunque hay muchas tipologías de contratos con fecha de caducidad, dos tipos acaparan el 90 % de los casos: los de obra y los eventuales por circunstancias de la producción. 

El reto de cómo combatir este mal es mayúsculo

Este abuso no es solo un problema del sector privado. De hecho, los contratos temporales son desde hace un tiempo más frecuentes en la Administración Pública (28 % en 2020) que en la empresa privada (23 %), especialmente entre los empleados que dependen de las Comunidades Autónomas. En este sentido, como decíamos, uno de los sectores más perjudicados es la sanidad, pero también es un mal muy extendido entre los investigadores científicos, entre otros.

La economía generó en octubre 55.000 contratos de duración limitada cada día. En total se firmaron cerca de 1,7 millones de contratos temporales el mes pasado frente a 200.000 indefinidos. La media al día de estos últimos es de 6.500.

El grueso de los contratos temporales los acaparan dos tipos:

• Los eventuales por circunstancias de la producción (el 50 % de los contratos temporales en octubre).
• Los de obra o servicio (el 41 %). 

La pelota está en el terreno de la mesa de diálogo social

Después de que PSOE y Unidas Podemos hayan enterrado el hacha de guerra por la reforma laboral, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz le ha dado a sus miembros hasta mediados de noviembre para valorar las propuestas del Gobierno.

La medida más controvertida es la limitación de los trabajadores temporales al 15 % de la plantilla anual de la empresa. Esto se calcularía sobre todos los contratos de trabajo vigentes a fecha 31 de diciembre de cada año.

Además, solo se admitirán razones "de carácter productivo y organizativo" para firmar estos contratos. Se supone que tienen que ser actividades no previstas por la empresa -se descartarían campañas de carácter estacional-. Los contratos por razones productivas podrán tener un máximo de seis meses, ampliables hasta doce. 

Tampoco podrán utilizarse para atender trabajos vinculados a la actividad normal y permanente de la empresa, ni para la realización de trabajos de contratas, subcontratas o concesiones administrativas. La excepción que sí se admite es la sustitución de trabajadores en periodo de vacaciones o baja laboral. 

También se considerarán fijas las personas trabajadoras cuando su contrato no haya sido realizado por escrito o cuando no se hayan especificado en el contrato las causas habilitantes de la contratación temporal.