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El Gobierno impondrá a los centros educativos la obligación de regular de manera explícita el uso de dispositivos móviles y digitales tanto en las aulas como en las actividades extracurriculares que ofrezcan, siempre respetando la normativa autonómica correspondiente.
Así lo anunció el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que aprobó la proposición de ley de protección a la infancia en el ámbito digital. Esta ley forma parte de las acciones que el Gobierno está llevando a cabo para abordar la proliferación de la tecnología, incluidos los dispositivos móviles, entre los menores y los efectos que esta tiene sobre ellos.
Proyecto de ley sobre dispositivos móviles
Bolaños indicó que el proyecto de ley aprobado "inicia su tramitación parlamentaria mañana", tras haber sido enviado en junio a los órganos consultivos del Estado para la elaboración de los informes preceptivos.
Reconociendo que los avances tecnológicos son "esenciales para la vida personal y laboral", también advirtió sobre los riesgos que conllevan, especialmente para los menores, afectando su salud, lo cual resalta su importancia como un "asunto de claro impacto social".
Es importante recordar que, según Unicef, la edad promedio para tener los primeros dispositivos móviles de once años, y que el 94,8 % de los adolescentes tiene un teléfono móvil con acceso a Internet, con un 90,8 % conectándose casi a diario.
Además, el 49,6 % de los adolescentes utiliza Internet más de cinco horas al día durante los fines de semana, y un 31,6 % lo hace entre semana. También, el 98,5 % de los menores está inscrito en alguna red social, y hasta un 83,5 % tiene cuentas en tres o más.
Riesgos y preocupaciones de las familias frente al acceso a contenidos inadecuados
El estudio "Consumir, crear, jugar. Panorámica del ocio digital de la juventud", realizado por FAD Juventud, destaca que los jóvenes usan el entorno digital principalmente para comunicarse (84,1 %), buscar información (83,6 %) y por ocio, pasando casi siete horas diarias conectados.
Además, la edad promedio de acceso a contenidos pornográficos es de once años, y la mitad de los adolescentes accede a ellos de manera accidental, ya sea navegando por Internet o a través de las redes sociales.
Frente a esta realidad, el 92 % de las familias se muestra preocupada por el contenido que sus hijos consumen en Internet, según el Eurobarómetro, mientras que el 94 % de los hogares, según el CIS, apoya la idea de restringir o limitar el acceso de los menores a Internet.
Ante este panorama, el Gobierno promueve esta ley, en cuya elaboración han participado varios ministerios y que recoge las contribuciones de 23 informes elaborados por diversas instituciones públicas, incluidas la Comisión Europea, así como el sector privado involucrado.
Privacidad, control parental y uso responsable de la tecnología
Félix Bolaños explicó que la nueva ley garantizará que los derechos de los menores en internet estén bien protegidos, que tengan acceso a información veraz y puedan acceder de manera justa a dispositivos y conexiones digitales. También protegerá su derecho a la privacidad, al honor y a la imagen, promoviendo un uso responsable de las tecnologías.
Además, la ley obliga a los fabricantes a incluir una aplicación gratuita de control parental en dispositivos móviles, tablets, ordenadores y televisores inteligentes, con sanciones en caso de no cumplir. También se incluirá en los productos digitales un etiquetado claro para los niños y personas con discapacidad.
Se prohibirán las ‘loot boxes’, recompensas que se compran dentro de los videojuegos, y se fomentará el uso responsable de la tecnología entre los jóvenes. Los centros educativos deberán regular el uso de dispositivos móviles en clases y actividades extracurriculares, respetando las normas autonómicas.
La ley también reconoce a los menores como víctimas en casos de violencia de género y violencia sexual en el entorno digital. En el ámbito de la salud, se promoverá la detección y prevención de adicciones a los dispositivos móviles y tecnologías en general para menores, creando centros especializados y formando a los profesionales de salud.
Finalmente, se implementará una estrategia nacional para proteger a la infancia y juventud en internet, que se revisará cada tres años.
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