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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó que las personas con discapacidad y sus familias sean consideradas población preferente en las accesiones de los poderes públicos contra la pobreza energética.
Así se recoge en el documento de aportaciones de Cermi a la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030, abierta a consulta pública en estos momentos por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Según el Cermi, las personas con discapacidad son "consumidores más intensos de suministros energéticos que la media de la población", debido a motivos asociados a su discapacidad. Por ello, argumenta, "su exposición a la pobreza energética es mayor".
"También son personas con menor capacidad adquisitiva", de modo que "el consumo energético comporta un sobreesfuerzo de gasto para ellas que debe ser compensado con medidas oficiales en el marco de las estrategias contra la pobreza en este ámbito".
Por estos motivos, el Cermi defiende que las personas con discapacidad y sus familias "gocen de oficio de acceso prioritario a los distintos bonos sociales energéticos".
El Cermi reclama prioridad para las personas con discapacidad en la lucha contra la pobreza energética
Esta petición responde a la especial vulnerabilidad de este colectivo, que depende de un acceso estable a la energía para su bienestar y autonomía.
La pobreza energética afecta a miles de hogares en España, dificultando el acceso a servicios básicos como la calefacción, la refrigeración o la electricidad. Sin embargo, para las personas con discapacidad, las consecuencias son aún más graves, ya que muchas requieren dispositivos eléctricos esenciales, como sillas de ruedas motorizadas, respiradores o sistemas de comunicación adaptados.
La vulnerabilidad de las personas con discapacidad ante la pobreza energética
Las personas con discapacidad enfrentan mayores barreras económicas y sociales, lo que las hace especialmente sensibles al impacto de este tipo de pobreza. Algunos de los principales factores que agravan su situación incluyen:
- Mayores necesidades energéticas: Muchas personas con discapacidad necesitan electricidad para equipos médicos y de movilidad, lo que aumenta el consumo energético de sus hogares.
- Dificultades económicas: Los costes adicionales asociados a la discapacidad, como tratamientos médicos o asistencia personal, reducen su capacidad de afrontar el aumento de las tarifas energéticas.
- Problemas de movilidad y salud: La falta de calefacción o aire acondicionado puede agravar condiciones médicas preexistentes y afectar su calidad de vida.
Ante este panorama, el Cermi insiste en la urgencia de establecer medidas específicas que garanticen el acceso a la energía para este colectivo y eviten situaciones de exclusión.
Medidas propuestas para combatir la pobreza energética en personas con discapacidad
Para mitigar el impacto de la crisis energética en las personas con discapacidad, el Cermi plantea una serie de medidas urgentes:
- Bonificaciones y tarifas especiales: Aplicación de tarifas reducidas para personas con discapacidad, garantizando que puedan cubrir sus necesidades energéticas sin dificultades económicas.
- Subvenciones para adaptar viviendas: Ayudas para mejorar la eficiencia energética de sus hogares, asegurando un menor consumo sin comprometer su bienestar.
- Acceso prioritario a ayudas sociales: Facilitar trámites y agilizar la concesión de ayudas para evitar que este colectivo quede desprotegido ante subidas de precios.
- Regulación del mercado energético: Implementación de normativas que protejan a los consumidores más vulnerables y eviten cortes de suministro en casos de necesidad.
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