15/07/2024 - 08:00
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El estudio titulado "El impacto de la pobreza energética en la vulnerabilidad social de la población atendida por Cruz Roja en el contexto de la crisis inflacionaria" destaca preocupantes datos sobre las personas asistidas por la organización. Presentado hoy en Madrid, el informe es una colaboración entre la Cruz Roja y la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas. En el evento participaron María Cortijo, de Cruz Roja Española, y Roberto Barrella, de la Universidad Pontificia Comillas.
Un informe asegura la vulnerabilidad social en función de la atención de Cruz Roja
El informe "El impacto de la pobreza energética en la vulnerabilidad social de la población atendida por Cruz Roja en el contexto de la crisis inflacionaria" muestra datos preocupantes sobre las personas asistidas por la organización. Este estudio, presentado hoy en Madrid, es una colaboración entre la Cruz Roja y la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas.
La investigación, que utilizó métodos cuantitativos y cualitativos en más de 1.500 hogares atendidos por la entidad, revela que más del 60 % de los encuestados no pudieron mantener el confort en sus viviendas durante el invierno y el verano de 2022.
Las causas principales son socioeconómicas: el 85% de los hogares estudiados están en riesgo de pobreza y exclusión social debido a bajos ingresos, con un 63% en pobreza relativa y un 68 % con carencias materiales y sociales severas.
Roberto Barrella de Comillas ICAI señala que la falta de confort también se relaciona con el mal estado y la baja eficiencia energética de las viviendas. Además, muchas familias restringen el uso de calefacción por temor a las facturas, especialmente durante el pico inflacionario de 2022.
Solo un 9 % de los encuestados usaron calefacción sin restricciones en el invierno anterior al estudio, y más del 90 % la usaron de forma limitada, lo que llevó a que un 25 % de los hogares tuviera retrasos en el pago de facturas.
Los efectos de la pobreza energética son muy amplios
Los efectos de la pobreza energética son amplios: problemas de salud mental y física en un 23 % de los encuestados, riesgo de intoxicaciones y cortes de electricidad, con un 25 % almacenando productos inflamables y un 6,6 % sufriendo cortes.
El endeudamiento y los retrasos en pagos afectan al 27 %, y un 70 % recorta gastos en facturas. La vida social y de ocio se ve reducida en un 67,2 %, y la conflictividad familiar y el impacto en la educación y el trabajo se refleja en un 31 % que recorta gastos en educación.
Además, la pobreza de transporte afecta a casi la mitad de la población asistida, limitando su movilidad debido a la falta de empleo, y aquellos que se desplazan suelen utilizar el transporte público.
La pobreza energética afecta más a las mujeres y personas migrantes
El estudio cualitativo revela que la pobreza energética afecta más a mujeres y migrantes, especialmente en hogares monomarentales. El 62 % de los hogares con reportan temperaturas inadecuadas, en comparación con el 64-65% de los hogares con presencia masculina.
El estudio también destaca la "pobreza de verano", donde el calor es tan problemático como el frío. Más del 59 % vive en edificios sin eficiencia energética, y el 22 % tiene viviendas con goteras, humedades o ventanas que no aíslan.
La crisis energética e inflacionaria de 2022 ha empeorado la movilidad, alimentación, vestimenta y vida social de la población. La vida social se ve como un lujo, y la pobreza energética afecta la socialización de los hijos, priorizándose el pago de facturas sobre actividades extraescolares y ocio.
¿Y las ayudas?
En cuanto a la asistencia y las ayudas, el 70 % de los hogares encuestados no se beneficia de los bonos sociales nacionales y un 57 % no sabe cómo solicitarlos, especialmente en familias que alquilan.
Aunque muchas cumplen los criterios para recibir estas ayudas, el desconocimiento es un gran obstáculo. En cuanto a otras ayudas, el 62,6% no recibe ningún tipo de subsidio, aunque el 57,6% de los hogares encuestados han recibido apoyo de Cruz Roja y un 38,5% han obtenido subsidios de la administración local.
Así, la entidad propone una transición energética justa para combatir la pobreza energética con las siguientes medidas:
- Ampliar el acceso a bonos sociales y otras políticas de mitigación a corto plazo: Facilitar información y acceso a subsidios energéticos para todos los hogares vulnerables, enfocándose en los más afectados y menos visibles.
- Medidas a medio y largo plazo: Mejorar la calidad de las viviendas promoviendo la eficiencia energética y el autoconsumo, con programas específicos para personas en pobreza energética, acompañándolas durante el proceso de renovación.
- Humanización de la atención social: Ofrecer una atención integral que vaya más allá de las necesidades inmediatas y aumentar la implicación de los poderes públicos en la provisión de viviendas de protección social.
- Mayor coordinación entre actores: Mejorar la colaboración entre el Tercer Sector, los Servicios Sociales y las administraciones en todos los niveles, involucrando también a compañías energéticas, instituciones académicas y asociaciones vecinales.
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