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Las tensiones en el seno del Gobierno de coalición han alcanzado su punto álgido durante la mañana de este martes, 29 de septiembre de 2026. La reunión del Consejo de Ministros, fijada ordinariamente a primera hora para abordar la aprobación del esperado Real Decreto-ley de emergencia habitacional, decreto de vivienda, ha tenido que retrasar su inicio debido a las intensas negociaciones que los equipos del PSOE y de Sumar mantienen a puerta cerrada en el Complejo de La Moncloa. Con el plazo del ultimátum de 48 horas fijado por los colectivos sociales en la Puerta del Sol tocando a su fin, las dos fuerzas de la coalición apuran los minutos para intentar salvar sus profundas diferencias sobre el alcance regulatorio de la norma y evitar una fractura pública en un momento de máxima presión ciudadana.
Al mismo tiempo, Esmeralda y su hija de 11 años tienen señalado un desahucio en Zaragoza. Según relatan a AraInfo amistades y activistas conocedoras de la situación, la familia lleva ocho años residiendo en una vivienda del número 65 de la calle Orense, en el barrio de Torrero. Madre e hija afrontan el lanzamiento sin una alternativa habitacional, después de que los endebles mecanismos de protección ante situaciones de vulnerabilidad no hayan evitado que el procedimiento de desahucio y la situación precaria de la familia sigan adelante. Esta situación se produce en un contexto marcado por la conmoción social provocada por el desahucio de Maricarmen y por la oleada de movilizaciones que, estos días, reclama medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda.
Los escollos de la negociación del nuevo decreto de vivienda: veto a fondos, alquiler de temporada y desahucios
El núcleo de la discrepancia técnica y política entre ambos socios reside en la intensidad de la intervención sobre el mercado residencial. Desde el ala menor de la coalición se exige incluir en el texto definitivo la prohibición expresa de que los fondos de inversión y grandes tenedores puedan adquirir inmuebles con fines especulativos en zonas de mercado tensionado, así como un cierre estricto a los coladeros normativos que permiten utilizar los contratos de arrendamiento de temporada y por habitaciones para eludir los topes de precios. Asimismo, la paralización absoluta de cualquier lanzamiento judicial sin la entrega previa y simultánea de una alternativa habitacional digna constituye una línea roja para los equipos negociadores del bloque de la izquierda.
Por su parte, la representación socialista del Ejecutivo aboga por calibrar minuciosamente la seguridad jurídica de la norma antes de estamparle la firma. Desde las carteras económicas y de vivienda del PSOE se insiste en la necesidad de articular medidas operativamente viables que prevengan una alud de recursos ante el Tribunal Constitucional y, sobre todo, que no arruinen la posterior negociación en el Congreso de los Diputados, donde los votos de formaciones de corte más liberal como Junts per Catalunya resultan matemáticamente indispensables para la convalidación del Real Decreto-ley.
En el plano institucional, la redacción del texto legislativo ha generado un intenso estira y afloja entre las fuerzas que integran el Ejecutivo. El punto central del debate gira en torno a la inclusión de una cláusula que prohíba de forma explícita a los fondos de inversión y grandes tenedores adquirir inmuebles en zonas declaradas de mercado residencial tensionado si su fin es la rentabilidad especulativa a corto plazo. Asimismo, las negociaciones buscan tapar las grietas normativas que han permitido el desvío masivo de inmuebles hacia el alquiler de temporada y por habitaciones, fórmulas utilizadas para eludir los topes de precios fijados por la legislación vigente. El acuerdo busca equilibrar la exigencia de contención de precios con la necesidad de ofrecer certidumbre jurídica al mercado de arrendamiento.
El contador de la Puerta del Sol y la urgencia del movimiento social
La parálisis temporal del Consejo de Ministros se produce mientras el movimiento por la vivienda mantiene la vigilancia en el centro de Madrid. Las acampadas y concentraciones organizadas en la Puerta del Sol bajo la cuenta atrás simbólica han intensificado la vigilia a la espera del anuncio oficial desde La Moncloa. La reciente resolución pactada del caso de Maricarmen —quien volverá a su hogar tras el acuerdo firmado con Urbagestión— ha insuflado moral a las plataformas de inquilinos, que interpretan la rectificación de la gestora como la prueba inequívoca de que la presión ejercida en la calle puede torcer la voluntad de los mercados.
Esta movilización constante actúa como un factor de aceleración sobre la mesa de negociación del Gobierno en ese decreto de vivienda. Los colectivos sociales han dejado claro que no aceptarán una prórroga cosmética del marco actual ni parches procedimentales de última hora, amenazando con reactivar las convocatorias de protestas masivas e impulsar acciones de desobediencia civil, como la huelga colectiva de alquileres, si el Ejecutivo aprueba un texto que considere insuficiente o ambiguo.
Más allá de la mesa del Consejo de Ministros, el futuro del decreto depende de una aritmética parlamentaria sumamente compleja en el Congreso de los Diputados. Formaciones como EH Bildu, ERC y Podemos condicionan su respaldo a que la norma contenga restricciones severas al capital financiero y mecanismos eficaces de paralización de lanzamientos. Por otro lado, formaciones de perfil más moderado, como Junts per Catalunya, advierten sobre el peligro de desincentivar la oferta de vivienda protegida o incurrir en invasiones de competencias autonómicas que desemboquen en recursos ante el Tribunal Constitucional. El texto definitivo deberá articular un equilibrio técnico impecable para garantizar su convalidación parlamentaria sin desvirtuar el espíritu de respuesta social que la calle demanda con urgencia.
Geometría parlamentaria: el complejo encaje del decreto en el Congreso
Más allá del pulso interno entre Pedro Sánchez y sus socios de coalición, la redacción final del decreto debe superar una prueba de viabilidad parlamentaria inmediata. Cuestiones como la contención de rentas, la expropiación temporal del uso de viviendas vacías en manos de grandes tenedores o las restricciones a la compra por parte de corporaciones extranjeras dividen de forma acusada al bloque parlamentario que sustentó la investidura.
Mientras formaciones como EH Bildu, ERC y Podemos presionan para que el texto final asuma la máxima severidad interventora propuesta por los sindicatos de inquilinas, la dirección de Junts ha advertido reiteradamente contra la adopción de medidas que invadan competencias autonómicas o desincentiven la inversión privada en la construcción de nueva planta. El retraso de la comparecencia habitual tras el Consejo de Ministros refleja la búsqueda desesperada de una redacción de consenso que permita al Ejecutivo salvar la cara ante la calle sin condenar la norma al fracaso en la Cámara Baja.
El reloj de Sol apremia y La Moncloa apura el tiempo: la pugna entre la contención regulatoria y la seguridad jurídica decide la velocidad del decreto de vivienda que marcará la legislatura.
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