La fiscalía carga contra Glovo por la explotación laboral de sus repartidores

El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona ha aceptado la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial contra Glovo por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, que implica directamente al fundador y CEO de la empresa, Oscar Pierre, según informaron fuentes judiciales el pasado martes. Según el escrito del Ministerio Público, la acusación señala a la compañía por vulnerar los derechos laborales de sus repartidores al "menoscabar y suprimir" los mismos.

La denuncia cita varias sentencias de diversos juzgados españoles, incluyendo una del Tribunal Supremo que pone en tela de juicio el modelo laboral de Glovo al determinar que existe una relación laboral entre la empresa y sus trabajadores. A pesar de estas decisiones judiciales, la empresa sigue manteniendo la misma estructura laboral con sus empleados, quienes aún deben registrarse como autónomos y pagar sus propias cotizaciones para poder seguir trabajando para la empresa.

La autonomía laboral cuestionada en el caso Glovo

Según la denuncia, la relación laboral queda evidenciada por el hecho de que los repartidores no tienen autonomía en la organización de su trabajo mientras prestan servicios para Glovo. De hecho, la empresa "dirige y organiza las tareas diarias a través de su plataforma digital de uso obligatorio, donde se especifica la manera y el coste del servicio de recogida y entrega de productos, y se implementa un sistema de control del proceso productivo mediante la gestión algorítmica del servicio".

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado que Pierre declare en calidad de investigado, junto con varios repartidores que continúan trabajando sin contrato, los cuales serán testigos en el caso. Pierre ocupa actualmente el cargo de principal ejecutivo de la compañía, aunque ya no es el máximo propietario. La empresa barcelonesa fue adquirida en 2022 por el conglomerado alemán Delivery Hero.

El modelo de repartidores autónomos

Durante años, Glovo ha estado en disputa con el Ministerio de Trabajo para defender su modelo de negocio, que se basa en el uso de repartidores autónomos. El departamento dirigido por Yolanda Díaz jugó un papel crucial en la aprobación de la ley Rider, diseñada para combatir los abusos en la contratación de trabajadores por parte de las plataformas de economía colaborativa.

A pesar de ello, la empresa ha enfrentado numerosas demandas y sanciones por no cumplir con las sentencias judiciales y la legislación al mantener a la mayoría de sus repartidores sin contrato. Según estimaciones del mercado, Glovo ha acumulado multas que superan los 200 millones de euros en España, y esta cifra podría aumentar.

CC.OO. ha señalado que esta denuncia es solo el primer paso contra una práctica común en las plataformas tecnológicas. En este sentido, el sindicato ha urgido al Gobierno a implementar rápidamente la directiva europea sobre plataformas para fortalecer los recursos administrativos y prevenir abusos laborales. Por su parte, Glovo ha optado por no hacer comentarios al respecto.