El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona ha admitido una denuncia de la Fiscalía contra Glovo por presunta explotación laboral de sus repartidores.
La Ley Rider es la que se encarga de exigir que empresas como Glovo o UberEats contraten a sus empleados, que pasarían de ser asalariados en vez de falsos autónomos.
El Gobierno permite la actividad de plataformas digitales de reparto de comida mientas que los sindicatos critican las condiciones de los repartidores.