Denuncia por falta de taxis accesibles: Impulsa Igualdad exige acción

La Confederación Impulsa Igualdad presentó este viernes una denuncia administrativa contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por lo que considera una falta de acción en la supervisión del cumplimiento del Real Decreto 1544/2007. Esta normativa establece que, al menos, el 5 % de la flota de este servicio de taxis accesibles debe serlo para personas con discapacidad.

Según explicó la organización en un comunicado, el plazo para que los ayuntamientos adaptaran su servicio de taxis a estos estándares de accesibilidad expiró en diciembre de 2017. Sin embargo, muchos municipios aún no han alcanzado este umbral mínimo, lo que, en opinión de Impulsa Igualdad, supone una vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en términos de movilidad e igualdad de oportunidades.

Graves consecuencias para las personas con discapacidad a causa de la falta de taxis accesibles

Los datos del Observatorio de la Accesibilidad reflejan que en 2017, un 63 % de los municipios con más de 50.000 habitantes no cumplía con la normativa vigente de contar con taxis accesibles. A día de hoy, grandes ciudades como Madrid y Barcelona siguen sin haber implementado completamente estos requisitos, lo que ha sido motivo de crítica por parte de la confederación.

Francisco José Sardón, presidente de Impulsa Igualdad, manifestó su preocupación por la escasez de taxis accesibles, ya que esto restringe la autonomía personal de las personas con discapacidad. Según señaló, la falta de vehículos adaptados dificulta el acceso a servicios esenciales como la educación, la sanidad y el empleo, aspectos fundamentales para la inclusión social. Por ello, considera que la ausencia de una supervisión efectiva por parte del Ministerio de Transportes atenta contra derechos fundamentales.

En su denuncia, Impulsa Igualdad instó al Ministerio a adoptar medidas inmediatas para garantizar que los ayuntamientos cumplan con la normativa para contar con taxis accesibles. Entre las acciones propuestas, destacan la supervisión efectiva del cumplimiento del decreto y la aplicación de sanciones a aquellos municipios que sigan sin ajustarse a la regulación. Además, hizo un llamamiento a la coordinación entre las administraciones autonómicas y locales para asegurar una aplicación uniforme y eficaz de la normativa en todo el país.

Coordinación entre administraciones: una solución pendiente

Si bien la confederación reconoció que la gestión del servicio de taxis accesibles y taxis en general corresponde a los ayuntamientos, insistió en que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene la obligación de establecer directrices claras, proporcionar un marco normativo adecuado y facilitar mecanismos de financiación para garantizar que se cumplan los estándares de accesibilidad, tanto a nivel estatal como europeo.

Con esta denuncia, Impulsa Igualdad busca visibilizar una problemática, la de la escasez de taxis accesibles, que afecta a miles de personas con discapacidad en España y presionar a las administraciones para que actúen de manera decidida en favor de la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el transporte público.