900.000 personas fallecen en lista de espera de dependencia: una cada 16 minutos desde la ley

Desde la aprobación de la Ley de Atención a la Dependencia en 2006, unas 900.000 personas han fallecido mientras esperaban una resolución o acceso a servicios de dependencia. Solo en 2024, 33.096 personas murieron en esta situación, lo que equivale a una cada 16 minutos. Actualmente, hay 136.954 pendientes de valoración y 131.083 en el “limbo” de la dependencia, es decir, con derechos reconocidos pero sin acceso efectivo a los servicios. Según el Observatorio Estatal de la Dependencia, a este ritmo se necesitarían cinco años para garantizar una atención plena.

Deficiencias en financiación y desigualdad territorial

A pesar de los avances, el informe destaca importantes carencias en el sistema, como una financiación insuficiente y desigualdades en su desarrollo según la región. Las cuantías de las prestaciones son bajas, los trámites excesivamente largos (330 días de media) y en comunidades como Canarias y Andalucía superan un año. 

Entre 2012 y 2021, se acumularon recortes de más de 6.000 millones de euros, afectando gravemente a la calidad del servicio. En 2023, comunidades como Cataluña, Castilla y León y Extremadura vieron reducida la financiación estatal al haber recortado sus presupuestos en años previos.

La urgencia de un sistema más eficiente y justo

El gasto por persona atendida ha caído un 26,6 % en los últimos 14 años, pasando de 8.145 euros en 2010 a 5.982 euros en 2024. Aunque el Plan de Choque ha incrementado la inversión estatal en 3.644 millones de euros en los últimos tres años, la aportación del Estado sigue siendo insuficiente, cubriendo solo el 39,5 % del gasto total. 

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales exige reformas urgentes que simplifiquen los trámites, eliminen las trabas burocráticas y permitan una atención más rápida y eficiente para garantizar que ningún ciudadano fallezca esperando un derecho fundamental.

La Ley de Atención a la Dependencia, también conocida como la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, es una normativa española que tiene como objetivo garantizar el derecho de las personas que se encuentran en situación de dependencia a recibir atención y cuidados adecuados. Fue aprobada para mejorar la calidad de vida de las personas que, debido a su edad, enfermedad o discapacidad, requieren ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria, como vestirse, alimentarse o moverse.

Objetivos principales de la Ley de Atención a la Dependencia

1. Garantizar los derechos de las personas dependientes: La ley establece un marco legal para que las personas en situación de dependencia puedan acceder a los servicios y prestaciones necesarias, promoviendo su bienestar y autonomía.
2. Fomentar la autonomía personal: A través de la ley, se busca mejorar la independencia de las personas dependientes, ayudándolas a mantener su calidad de vida con el máximo grado de autonomía posible.
3. Ofrecer un sistema integral de atención: La ley proporciona un sistema de atención pública y privada, donde el Estado y las comunidades autónomas tienen un papel fundamental en la organización, financiación y ejecución de los servicios.

Principales aspectos de la Ley de Dependencia

• Reconocimiento de la dependencia: La ley establece un sistema para valorar el grado de dependencia de una persona, basándose en su capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Dependiendo del resultado, se clasifica a la persona en diferentes grados de dependencia, desde el grado I (dependencia moderada) hasta el grado III (dependencia gran invalidez).
• Prestaciones y servicios: La Ley establece un conjunto de prestaciones y servicios para las personas dependientes, que incluyen:
  • Atención en el hogar: Servicios como la ayuda a domicilio, que cubren tareas como la higiene personal, la comida o el acompañamiento.
  • Centros de día y de noche: Para aquellos que no pueden recibir atención en casa, pero tampoco necesitan hospitalización. Estos centros ofrecen cuidados durante el día o la noche.
  • Atención residencial: En casos de dependencia más severa, se pueden proporcionar plazas en residencias o centros especializados para el cuidado continuo.
• Valoración y planificación: Un comité multidisciplinario lleva a cabo la valoración de la dependencia, que incluye médicos, trabajadores sociales, terapeutas y otros profesionales, para crear un plan personalizado de atención.
• Financiación: La ley establece que el sistema de atención a la dependencia se financie con fondos públicos, aunque también contempla la posibilidad de que los beneficiarios puedan colaborar económicamente, según su capacidad económica.

Efectos y desafíos

• Ampliación de la cobertura: La ley supuso un avance significativo, ya que reconoció formalmente el derecho de las personas dependientes a recibir asistencia y cuidados. Desde su implementación, el número de beneficiarios ha aumentado, con más personas recibiendo atención y apoyo.
• Desafíos financieros y administrativos: La implementación de la ley ha estado marcada por dificultades económicas y administrativas, ya que las comunidades autónomas han tenido que gestionar la financiación y asegurar la calidad de los servicios. En varios momentos, el sistema de financiación ha sido insuficiente, lo que ha generado listas de espera y desigualdades en el acceso a los servicios según la región.
• Reformas y ajustes: A lo largo de los años, la Ley de Dependencia ha sido objeto de reformas para adaptarse a los nuevos retos del sistema de bienestar social en España, especialmente en términos de financiación, gestión y cobertura.