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La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales expresa preocupación por la situación de dependencia en el país.
Según un nuevo comunicado, emitido con motivo del 17 aniversario de la aprobación, el 14 de diciembre de 1996, de la Ley 19/1996 de Atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal, más de 45.000 personas con dependencia fallecen anualmente mientras esperan ser atendidas, y otras 162.000 se encuentran en una especie de "limbo".
A pesar del reconocimiento de más de 1,5 millones de individuos en situación de dependencia, 124.000 aún están pendientes de evaluación, lo que refleja una demanda no cubierta del 3,3 % de la población que necesita asistencia para las actividades diarias.
“A pesar del avance que ha supuesto, una de las políticas de Estado de mayor consenso, sus limitaciones de financiación y la complejidad de los procedimientos en algunas comunidades hacen que su potencial siga sin desarrollar”.
Retos y desafíos en el Sistema de Atención a la Dependencia
El tiempo de espera para ser atendido se extiende, con una media de 323 días y graves desigualdades en la inversión pública entre distintas regiones.
La reducción presupuestaria en algunas comunidades autónomas el año pasado y el incumplimiento del gobierno respecto a la normativa de jurisdicción social han agudizado la situación, lo que lleva a la asociación a exigir reformas que simplifiquen los procedimientos, así como la necesidad de avanzar hacia una prescripción social del profesional de referencia como requisito único para implementar las prestaciones de dependencia.
De las 45.360 personas que fallecen cada año en España en las listas de espera de la dependencia, 19.661 mueren “pendientes” de resolución de grado y 25.699, “sin haber podido ejercer sus derechos”.
“Esto supone que 124 personas fallecen al día en las listas de espera de la dependencia, una cada 12 minutos”, advirtió, al tiempo que insistió en que 162.411 se encuentran “en el limbo” de la dependencia en diciembre de 2023.
Tras señalar que, durante este año, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 15.019 personas, calculó que, a este ritmo “se tardarían once años en lograr la plena atención”.
Asimismo, resaltó que 310.429 es el total de personas “desatendidas”, sumando las que están en el “limbo”, las pendientes de valoración (124.326 expedientes) y aquellas con un Plan de Atención aprobado pero que “aún no es efectivo” (23.692).
Por lo que se refiere al tiempo medio de tramitación de un expediente de la dependencia, explicó que son 323 días, aunque en Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia se “superan” los doce meses.
Las personas dependientes y sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos
Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento.
Debemos avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones.
No debemos dejar desatendidas a las personas dependientes porque tienen necesidades específicas que requieren asistencia para llevar a cabo actividades cotidianas. Su situación de dependencia podría dificultarles realizar tareas básicas como moverse, asearse o alimentarse por sí mismos. Esto puede provocar un deterioro en su calidad de vida, así como un sentimiento de desamparo y aislamiento social.
Además, dejar desatendidas a las personas dependientes implica una falta de acceso a los servicios y recursos necesarios para su bienestar y autonomía. Estos individuos requieren cuidados especializados y atención personalizada para cubrir sus necesidades físicas, emocionales y sociales. La desatención puede aumentar su vulnerabilidad, generando situaciones de riesgo para su salud y bienestar general. Por lo tanto, es esencial brindarles el apoyo necesario para garantizar una mejor calidad de vida y promover su integración en la sociedad.
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