Derechos de la discapacidad: España trabaja por su protección

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, publicó una nueva edición del 'Informe Olivenza 20220, un estudio que, con periodicidad anual, ofrece un panorama actualizado de este ámbito en España.

En esta edición se abordan aspectos relacionados con las novedades normativas aprobadas en España en este ámbito en el periodo que comprende el informe.

Se incluye la normativa aprobada tanto a nivel estatal como autonómico, destacando un total de 254 normas, 34 estatales y 220 autonómicas, que regulan aspectos relevantes para este grupo de la sociedad.

Las comunidades autónomas que más legislación han generado en relación con la discapacidad han sido la Comunidad Foral de Navarra y Galicia, ambas con más de una veintena de normas.

La normativa para protección de las personas con discapacidad y sus derechos en España es envidiable

Asimismo, analiza los avances que se han llevado a cabo desde mayo de 2019 para cumplir con las recomendaciones que hizo a España el Comité de Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas.

Al respecto, en el documento se señalan como preocupaciones principales, entre otras:

• La discriminación múltiple.
• La violencia que se ejerce contra este grupo, en concreto, la violencia de género.
• La institucionalización.
• La falta de accesibilidad.
• Las carencias en educación inclusiva.
• Las bajas tasas de empleo.
• La limitación de los servicios de salud y la falta de formación de los profesionales en todos los ámbitos de la administración pública.

A pesar de este impulso normativo el estudio pone de relieve, conforme al sistema de indicadores del OED sobre inclusión de las personas con discapacidad en España, que de los 25 indicadores en los que es posible comparar los datos referidos a este ámbito con los de la población sin discapacidad, en 20 de ellos las personas que si cuentan con esta característica presentan una situación más desfavorable que la población general.

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blando, pone en valor este tipo de diagnósticos para conocer la realidad de las personas y sus familias y poder impulsar políticas certeras para mitigar la desigualdad.

El informe Olivenza 2022 incluye un capítulo dedicado a las políticas públicas actuales al respecto, comenzando por la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 que incluye como novedades un enfoque interseccional y con perspectiva de género.

También se trata sobre la precariedad laboral de este sector poblacional

Como en ediciones anteriores, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet) ha colaborado en este informe aportando el análisis del mercado laboral y este grupo poblacional en España, en el que se advierte sobre la precariedad patente de los grupos vulnerables en el ámbito laboral.

Concretamente, las mujeres con discapacidad son objeto de una multidiscriminación que condiciona significativamente su acceso al empleo y sus condiciones laborales.