El Gobierno eleva la reserva de empleo público para personas con discapacidad

En España, 4,38 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. Si ponemos el foco en el mercado de trabajo hay que decir que casi 2 millones, 1.929.400 personas, se encuentran en edad de trabajar (de 16 a 64 años), el 43,2 % son mujeres (833.500) y el 56,8 % son hombres (1.095.900).

A pesar de 40 años de políticas activas de empleo para las personas con discapacidad, la tasa de inactividad sigue siendo un dato especialmente alarmante para un elevado número de ciudadanos y ciudadanas porque 1.261.200 personas con discapacidad están fuera del mercado laboral.

Las ayudas e incentivos a las empresas para la contratación de personas con discapacidad y la obligación que establece el marco legislativo en cuanto a la cuota de reserva, todavía no son suficientes, la participación laboral de las personas con discapacidad es muy baja.

Las enormes dificultades en el acceso y permanencia en el mercado laboral son evidentes: acceden al mercado de trabajo en menor proporción que las personas sin discapacidad, y cuando acceden, lo hacen en puestos de menor cualificación, mayor precariedad marcada por la temporalidad, los contratos a tiempo parcial y bajas retribuciones salariales.

Y la primera consecuencia de lo dicho hasta ahora es que esta brecha laboral de las personas con discapacidad del mercado de trabajo en nuestro país se traduce en riesgos reales de pobreza y exclusión social.

En este escenario, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, confirmó que el Gobierno incrementará del 7 % actual hasta el 10 % el número de plazas reservadas para personas con discapacidad en las futuras ofertas de empleo público.

Además, Montero presentó las ayudas para la preparación de oposiciones dirigidas al colectivo y anunció que el Consejo de Ministros aprobará en segunda vuelta el anteproyecto de la Ley de Función Pública, que recoge esta medida destinada a mejorar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público.

“Hemos ido aprendiendo a lo largo de toda nuestra historia democrática cómo hay que ponerse las gafas violetas para tener claro cómo impactan las políticas públicas en la igualdad de género. Ahora, tenemos que aprender también a ponernos las gafas de la discapacidad para que, en cualquier actuación del Gobierno, tengamos una mirada que nos permita acercarnos a cómo y de qué manera impacta sobre el sector de la discapacidad”, declaró Montero.

El empleo público se muestra como un mecanismo de inclusión que debe posibilitar la seguridad e independencia económica

La titular de Hacienda aseguró que la Ley de Función Pública trata de modernizar las administraciones públicas para que tengan “la capacidad” de adaptarse a “los retos del futuro”, algunos de ellos en un plazo “muy inmediato” como los referidos a la discapacidad.

En este sentido, reconoció las dificultades a las que se enfrenta el colectivo de cara a acceder al empleo público, sobre todo, las que viven con alguna discapacidad intelectual, y defendió adoptar las medidas necesarias para que estas personas tengan la posibilidad de plantearse prepararse una oposición, ya no solo a las categorías C o B de la administración, “sino también al grupo de técnicos superiores cualificados, en donde ojalá se incorporen muchas personas con discapacidad”.

Por último, Montero puso en valor el esfuerzo del Gobierno por tratar de garantizar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, y recordó que se convocaron hasta 2.080 plazas en las oposiciones entre 2019 y 2021.

Contenido de la ley

Más allá de lo avanzado por Montero, el contenido de la norma, al que ha tenido acceso Servimedia, establece que se mantendrá que “al menos” el 2 % de las plazas ofertadas sean cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto para personas que acrediten “cualquier otro tipo de discapacidad”.

La reserva se hará sobre el número total de las plazas incluidas en la respectiva oferta de empleo público, “pudiendo concentrarse las plazas reservadas para personas con discapacidad en aquellas convocatorias que se refieran a cuerpos, escalas o categorías que se adapten mejor a sus capacidades y competencias”.

Por otro lado, sobre las unidades de inclusión, que se desarrollan en la disposición adicional novena del anteproyecto, les corresponderá prestar al órgano directivo del que dependan el “apoyo administrativo especializado que precise en materia de inclusión del personal con discapacidad” y asegurar las “medidas de adaptación de puesto de trabajo” recogidas también la norma.

Además, deberán velar por la “plena incorporación y desarrollo profesional de dicho personal en su ámbito laboral, el seguimiento y evaluación de las medidas en favor de las personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, así como la elaboración de estadísticas relativas a la efectiva ocupación de plazas en su correspondiente ámbito”.