25/09/2023 - 08:44
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El Gobierno español ha dado un paso significativo en la lucha contra el desperdicio alimentario al aprobar la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Esta legislación, la primera de su tipo en España, busca abordar el alarmante problema del desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo.
En 2020, los hogares españoles desperdiciaron un promedio de 31 kilogramos/litros de alimentos por persona, lo que representa un derroche de 250 euros por individuo al año.
Prioridad en la reducción de pérdidas y desperdicio alimentario
El objetivo fundamental de esta ley es reducir el desperdicio de alimentos y promover un uso más responsable de los recursos alimentarios. Para lograrlo, se establece la obligación de que todas las empresas involucradas en la cadena alimentaria cuenten con un plan de prevención de pérdidas. Este plan se basa en un autodiagnóstico de los procesos de producción y permite la identificación de áreas donde se generan las pérdidas de alimentos, seguido de la implementación de medidas para minimizarlas.
La ley también introduce una jerarquía de prioridades en el uso de alimentos, donde el consumo humano tiene la máxima prioridad. Esto fomenta la donación y redistribución de alimentos no vendidos en lugar de su desecho. Los actores de la cadena alimentaria deben establecer convenios de colaboración para facilitar la donación de excedentes de alimentos a organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, garantizando la trazabilidad de estos productos.
Implicación en la Agenda Global de Sostenibilidad
Esta ley responde al compromiso del Gobierno español con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El ODS 12.3 busca reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita a nivel mundial, tanto en la venta al por menor como en el consumo, y en las cadenas de producción y suministro.
Efectos socioeconómicos y ambientales del desperdicio de alimentos
El desperdicio de alimentos representa una ineficiencia en la cadena alimentaria que tiene múltiples consecuencias. Además de la pérdida económica para los hogares, afecta negativamente a los agricultores y ganaderos, malgasta recursos naturales y contribuye al impacto ambiental a través de la generación de residuos.
Por tanto, la ley busca no solo abordar los aspectos económicos y ambientales, sino también enfocarse en la dimensión ética del problema, llamando a la conciencia de la sociedad.
Además, promueve buenas prácticas en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo final. Esto incluye la venta de productos "feos" o imperfectos, la promoción de alimentos de temporada, locales y ecológicos, y el estímulo de la venta de productos próximos a su fecha de consumo preferente.
Planificación estratégica y control
El Gobierno desarrollará un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario, involucrando a diversos ministerios. Este plan definirá la estrategia general y orientaciones para las comunidades autónomas.
Además, se establecerá un plan nacional de control, y la planificación estratégica se integrará en el Programa Estatal de Prevención de Residuos.
La ley incluye un régimen sancionador que impone multas para quienes no cumplan con sus disposiciones. Se consideran infracciones graves la falta de un plan de prevención y la no aplicación de la jerarquía de prioridades en el uso de alimentos. Asimismo, se penaliza la discriminación en la donación de alimentos y la negativa a colaborar con las administraciones públicas en la cuantificación de residuos de alimentos.
La motivación subyacente en esta ley es un imperativo ético para reducir el desperdicio alimentario. Este problema es consecuencia de un funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios, caracterizado por errores en la planificación, manipulación y almacenamiento de alimentos, así como por comportamientos inapropiados de consumidores. La ley reconoce que combatir el desperdicio es una responsabilidad compartida por toda la sociedad.
La elaboración de esta ley involucró una amplia participación, incluyendo audiencia pública y foros participativos dedicados a diversos sectores. Las contribuciones recibidas se tuvieron en cuenta en la versión final de la ley.
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