Pide el reconocimiento de la discapacidad psicosocial para el síndrome de Asperger ante el Congreso

El presidente de la Confederación Asperger España, Rafael Jorreto, solicitó el pasado martes que el Imserso reconozca la discapacidad psicosocial como una categoría específica. Este reconocimiento permitiría que las personas con síndrome de Asperger puedan acreditar su condición y, de esta forma, acceder a "ajustes razonables, empleo público reservado, ayudas educativas y los apoyos específicos" que puedan necesitar.

Jorreto intervino ante la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, donde detalló las características del síndrome de Asperger y expuso las dificultades que enfrentan estas personas para acreditar su discapacidad psicosocial y obtener las prestaciones necesarias.

El reto de la discapacidad psicosocial en el espectro autista

Estas personas están "dentro del espectro autista" sin discapacidad intelectual y con lenguaje verbal. Se caracterizan por problemas de coordinación y propiocepción, inteligencia media o superior, sensibilidad sensorial extrema, intereses obsesivos, dificultades en la regulación emocional y comunicación efectiva, problemas para interpretar expresiones faciales y lenguaje no verbal, así como obstáculos en el reconocimiento de comportamientos sociales y en comprender las emociones y necesidades ajenas.

Esto genera en ellos una gran ansiedad y sufrimiento, lo que a menudo conduce al aislamiento y a la falta de comprensión, señaló Jorreto. Además, enfatizó que son personas muy crédulas y vulnerables, especialmente las mujeres, a sufrir abusos y violencia.

En su intervención, definió la discapacidad psicosocial como aquella que surge de “dificultades en el procesamiento de estímulos sensoriales, sociales y cognitivos”. En particular, en el caso de las personas con síndrome de Asperger, las principales disfunciones de procesamiento se relacionan con el ámbito social, aunque no se deben ignorar los demás aspectos.

La invisibilidad del Síndrome de Asperger

En la actualidad, el Imserso clasifica las discapacidades en físicas, sensoriales y psíquicas, incluyendo dentro de esta última las enfermedades mentales y las discapacidades intelectuales. Sin embargo, las características de las personas con Asperger no encajan en ninguna de estas categorías, lo que provoca que queden excluidas del empleo público destinado a quienes tienen discapacidad intelectual. Esto se traduce en que no reciben las adaptaciones necesarias en exámenes y pruebas, y son excluidas de muchas ayudas. Según Jorreto, estas personas enfrentan una “doble discriminación” y a menudo se sienten desamparadas por su invisibilidad.

Destacó que durante su etapa educativa, casi el 100 % de estos estudiantes sufren bullying; que el 84 % del colectivo se encuentra en situación de desempleo, a pesar de que poseen formación media y superior; que muchos llegan a la vejez con escasos recursos; y que presentan “un índice alarmante de suicidio”. De hecho, un 33,2 % de las personas con síndrome de Asperger han tenido pensamientos suicidas, y más del 24 % ha intentado quitarse la vida.

Estos datos evidencian la necesidad de realizar ajustes razonables tanto en el ámbito laboral como en el sistema educativo, así como ofrecer ayudas para el estudio y atención especializada. Jorreto se preguntó: “¿Por qué no reconocer una discapacidad psicosocial de origen neurológico que les afecta durante toda su vida?”.

Por ello, Jorreto instó al Congreso a solicitar al Imserso el reconocimiento específico de la discapacidad psicosocial, siguiendo el camino ya iniciado por los parlamentos de Andalucía, Cataluña y Baleares.

La lucha por una financiación justa

Asimismo, exigió “una financiación justa y estable”, destacando que asociaciones como Asperger España están a la vanguardia internacional en la generación de conocimiento, atención y servicios, a pesar de contar con escaso apoyo público.

Criticó que las asociaciones de personas con discapacidad psicosocial y sus familias ofrecen “asistencia que debería ser responsabilidad de las administraciones públicas”. “No es justo que debamos competir por las ayudas públicas entre nosotros, dado que cada asociación se ocupa de un tipo de discapacidad distinto”.

En su opinión, “otorgar más fondos a quienes atienden a más personas crea un círculo vicioso”, y pidió “una financiación garantizada y estable que permita una planificación adecuada” y asegure la continuidad de los programas.