Persiste el término 'disminuido' en la Constitución: ¿Por qué no ha sido eliminado todavía?

La Constitución Española se refiere a las personas con discapacidad como 'disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos'. Las iniciativas para eliminar este término, considerado desfasado y ofensivo, llevan estancadas desde mayo de 2021. Muchos años. Y la realidad es que a día de hoy no se ha conseguido eliminar y parece ser que no habrá acuerdo a corto plazo para cambiar este término por de personas con discapacidad.

Así lo ha asegurado Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, que ha señalado que "no se ha avanzado" en las últimas semanas en un acuerdo con el Partido Popular para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar, de una vez por todas, ese término de la carta magna.

"Se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados. Desde el Gobierno llevamos tiempo intentando agilizar una demanda de las personas con discapacidad. Estaba pendiente de un acuerdo con el principal partido de la oposición pero ciertamente no se ha avanzado en las últimas semanas al respecto". Así lo ha contado Isabel Rodríguez.

Y es que ya hace cuatro meses desde que el Gobierno y el PP acordaran explorar una reforma del texto constitucional ceñida al artículo 49. Esta iba a estar limitada a la eliminación de término disminuido y al blindaje de las políticas de discapacidad, pero sin admitir otros cambios.

La realidad es bien distinta

El lenguaje configura cómo procesamos y comunicamos la realidad. Es, como señala la ONU en su apartado sobre lenguaje inclusivo respecto al género, "uno de los factores clave que determinan las actitudes culturales y sociales". Por ende, cambiar la forma en la que nos referimos a determinadas realidades supone también modificar la manera en la que pensamos sobre ellas. Y viceversa. La Constitución Española se refiere a las personas con discapacidad como "disminuidos". Han pasado 44 años desde su redacción y alrededor de uno y medio desde que las iniciativas para renovar este término permanecen atascadas en el Congreso.

La sociedad y el lenguaje son dos 'organismos' vivos y simbióticos que deben evolucionar a la par para adaptarse al signo de los tiempos. Sin embargo, los ritmos no siempre coinciden. El artículo 49 de la Constitución Española de 1978 recoge que: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. 

Pero, si todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en la necesidad de eliminar este término desfasado y ofensivo de la Constitución, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Fundamentalmente, porque para poder llevar a cabo la reforma de la Constitución, el PSOE y el PP deben ponerse de acuerdo. Y, si bien los populares apoyan el cambio de término, han estado boicoteándolo, ya que, afirman, no tienen la seguridad de que la modificación constitucional se ciña al artículo 49. 

Los colectivos de personas con discapacidad piden “respeto” y que se aparque la polarización política

Un término, 'disminuidos', considerado como peyorativo y discriminatorio en la actualidad (y desde hace bastante tiempo), pero que todavía permanece en la Carta Magna.

"En su momento, la Constitución fue pionera [...]. Pero la terminología, el concepto, incluso el enfoque que proyecta sobre la discapacidad 40 años después, no es admisible y hay que actualizarlo", afirmó categóricamente Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en una entrevista concedida a RTVE en diciembre de 2021.

Sin solución ante la eliminación del término 'disminuidos' de la Constitución

Para poder sacar adelante una reforma constitucional, se necesita la aprobación de tres quintas partes de las Cortes. En septiembre del pasado año, el proyecto de Ley para modificar dicho artículo fue admitido a trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Vox, que suman más de un tercio de los escaños. Desde entonces el proyecto de reforma se ha llegado a prorrogar hasta en 60 ocasiones. No es una cuestión de dificultades técnicas, sino política: el PP quiere evitar que con esta reforma se siente un precedente y que, así, otros grupos parlamentarios aprovechen para intentar que se toquen otros artículos.

Como señalaron desde el PSOE, el compromiso era buscar una nueva redacción de ese artículo 49 que cuente con el respaldo de las organizaciones del sector de la discapacidad, entre las que destacaba el CERMI. Todo ello con dos objetivos claros:

• Ajustarse a las recomendaciones que en su día hizo el Consejo de Estado.
• Sumar el voto de la mayoría de las formaciones parlamentarias.

El ministro Félix Bolaños fue claro al señalar que debería de ser una reforma que cuenta con unanimidad. Una reforma constitucional que lleva propuesta desde hace ya varios años. De hecho en 2018 se llegó a consensuar en la Cámara baja liderada por la vicepresidencia de Carmen Calvo. Sin embargo, al haber elecciones en 2019, no llegó a aprobarse.

Además del cambio del término ‘disminuido‘ por ‘personas con discapacidad’ que hemos mencionado, propone:

• Destacar los derechos y deberes previstos en la Carta Magna . Todo ellos en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva para este colectivo, sin que pueda producirse discriminación.
• Encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad.