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La educación concertada en España surgió para asegurar la enseñanza en áreas y sectores donde la educación pública no llegaba. Sin embargo, aunque representa el 17 % del gasto público en educación, no ha logrado un sistema educativo igualitario, sino que ha generado segregación socioeconómica, cuotas ilegales a las familias, predominio de centros católicos y una distribución desigual en el territorio.
La educación concertada en España y sus objetivos
La educación concertada en España nació con el objetivo de asegurar el acceso a la enseñanza en aquellas zonas donde la educación pública no llegaba, sobre todo en áreas rurales o con bajos recursos.
Sin embargo, aunque la educación concertada representa una parte significativa del gasto público, no ha logrado un sistema educativo equitativo.
En cambio, ha generado problemas de segregación socioeconómica, el cobro de cuotas ilegales a las familias, un predominio de centros católicos y una implantación desigual a lo largo del país.
Un aumento de centros educativos no universitarios
En el curso 2021-2022, España contaba con más de 28.000 centros educativos no universitarios. De estos, el 67,5 % son públicos, pero 5.428 son concertados, lo que representa aproximadamente el 19 % de todas las escuelas del país. El resto corresponde a la educación privada.
Esta distribución no es igual en todas las comunidades autónomas, ya que algunas dedican una mayor proporción de sus presupuestos a la educación concertada.
Por ejemplo, en el País Vasco, Madrid y Cataluña, se destina entre el 21 % y el 28 % de sus presupuestos en educación no universitaria a los centros concertados. Por otro lado, comunidades como Castilla-La Mancha o Canarias apenas superan el 10 %.
La segregación socioeconómica
A lo largo de las últimas décadas, alrededor del 30 % de los estudiantes en España han asistido a centros concertados. Sin embargo, este porcentaje varía considerablemente entre las regiones.
En el País Vasco, por ejemplo, más de la mitad de los alumnos están matriculados en centros concertados, mientras que en comunidades como Castilla-La Mancha la cifra es inferior al 20 %.
Esto se debe en parte a que la educación concertada suele concentrarse en áreas urbanas densamente pobladas y zonas con mayor poder adquisitivo.
A pesar de que la ley establece que los centros concertados deben ofrecer educación gratuita, las familias suelen tener que pagar cuotas ilegales. Aunque las actividades extraescolares deben ser opcionales, muchas familias terminan abonando una media de 1.600 euros al año, especialmente en comunidades como Cataluña, Madrid o el País Vasco.
En estas regiones, el 75 % de los centros concertados cobra cuotas, y en algunos casos estas son muy altas. Por ejemplo, en Madrid, algunas cuotas superan los 150 euros mensuales, y en Cataluña, la media es de 250 euros.
Además, a menudo no se informa correctamente sobre la voluntariedad de las cuotas de la educación concertada. En estudios realizados, más de la mitad de los centros no mencionan que las cuotas son opcionales, lo que deja a las familias sin información clara sobre los costos adicionales.
En Madrid, por ejemplo, la normativa exige que los centros publiquen los precios de las actividades extraescolares, pero muchos no lo hacen, lo que limita la transparencia.
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