Una reforma legal busca garantizar la igualdad en el empleo público para personas con discapacidad en Andalucía

Las personas con discapacidad enfrentan una desventaja en comparación con quienes no la tienen, especialmente en el ámbito laboral. En las sociedades justas, se espera que se tomen medidas para equilibrar esta situación.

Así lo contempló el legislador en 1982, cuando se aprobó una ley que reservaba el 2 % de los empleos públicos para personas con discapacidad. Sin embargo, en los últimos 42 años, el cumplimiento de esta ley ha sido escaso. Según un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, el porcentaje real de cobertura nunca ha alcanzado siquiera el 0,1 % anual, lo que refleja un déficit en justicia social.

Mejoras en el acceso al empleo público para personas con discapacidad intelectual

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recibido numerosas quejas por la falta de efectividad de esta ley. Las denuncias son muchas, y las administraciones locales destacan como las más reincidentes en su incumplimiento, a pesar de la existencia de múltiples normativas.

Las leyes aprobadas por diversas administraciones para garantizar el empleo público para personas con discapacidad han quedado, en gran medida, como gestos simbólicos. No obstante, el Parlamento andaluz aprobó una reforma parcial de la Ley del Empleado Público. Esta reforma, que ha contado con un respaldo unánime, permitirá modificar el acceso a la función pública para los individuos con discapacidad intelectual. La norma, que ha avanzado rápidamente en la Cámara andaluza, será enviada ahora al Congreso de los Diputados.

Reforma legal en Andalucía

La presidenta del Cermi Andalucía, Marta Castillo, califica la reforma legal como “imperiosa” y “necesaria”. Destaca que supone un "cambio en el modelo de los conceptos de mérito y discapacidad" para asegurar una igualdad real en el acceso al empleo público. Castillo, quien lidera una plataforma que agrupa a las 18 entidades más representativas de la discapacidad en Andalucía, subraya que sin adaptar las pruebas para personas con discapacidad intelectual, no se puede garantizar su acceso a la función pública. También resalta el grado de “justicia y garantía de derechos” que impulsa esta reforma.

Por Andalucía ha impulsado una iniciativa aprobada por unanimidad, centrada en justicia y derechos. Tras algunos obstáculos, en agosto el Consejo de Gobierno aprobó la propuesta de ley presentada en julio por dos portavoces del grupo. El pasado miércoles fue aprobada en el Parlamento. La promotora, Esperanza Gómez de Más País, logró el apoyo de los cinco grupos parlamentarios. La reforma busca facilitar la vida a personas con discapacidad, eliminando barreras y ayudando a miles de personas y sus familias.

Las pruebas de acceso

El cambio en la ley hará que las pruebas de acceso, consideradas una "tortura" para muchas personas, sean más accesibles. Según Gómez, "no siempre es crucial conocer la Constitución o el sistema político". Propone cambiar esos exámenes por pruebas prácticas, como en otros países europeos, donde los candidatos demuestran que pueden hacer el trabajo al que aspiran. Gómez destaca que dignificar la vida de estas personas significa tratarlas como adultos con sueños y deseos de ser independientes.

El Cermi ve esta reforma como una cuestión de justicia. Su presidenta confía en que también sea aprobada en el Congreso, ya que hay consenso en la necesidad de incluir a las personas con discapacidad en el empleo público, lo que refleja una sociedad más plural y justa.