Cómo funcionan las empresas de desokupación: ¿Son legales?

La desokupación es el proceso que se basa en desalojar a los okupas de una manera eficiente y eficaz. Eficiente porque los tiempos son rápidos. Eficaz porque se logra el objetivo y la persona que incurre en dicho delito termina desalojada.

Hay muchas formas de lograr que un inquilino okupa que no paga el alquiler abandone una propiedad. No obstante, podríamos clasificarlas en dos: la vía judicial y la vía extrajudicial.

La vía judicial suele ser más lenta, por ello mucha gente decide acudir a soluciones extrajudiciales a la desokupación. Por ejemplo: el control de acceso o el desahucio express a través de un acuerdo económico.

Las okupaciones de viviendas se han disparado un 40% en España

La okupación es uno de los principales problemas sociales en España. Cada día se presentan una media de 40 denuncias por okupación ilegal de viviendas, la gran mayoría en Madrid y Barcelona. Un fenómeno que afecta tanto a propietarios como a comunidades de vecinos.

Es por eso que en los últimos años han surgido varias empresas de desokupación. Desokupa, Desokupamos, Desokupa Exprés, Fueraokupas...  Pero, ¿son legales? ¿Qué métodos utilizan para echar a los inquilinos no deseados?

Las empresas de desokupación no son ilegales, aunque están en el límite del marco legal

La línea entre la legalidad e ilegalidad de estas empresas depende de los métodos que utilicen para echar a los okupas de los inmuebles.

Los trabajadores de este tipo de empresas suelen llevar cámaras de vídeo para grabar todas las desokupaciones y evitar falsas acusaciones por parte de los okupas. Las cámaras hacen que quede constancia de que no van a amenazar ni a molestar a nadie, sino a mediar entre la propiedad y los usurpadores de la vivienda.

Las empresas de desokupación solamente acceden a la vivienda okupada si el "inquilino" les invita a pasar.

Como decíamos al principio, la desokupación a través de estas empresas se basa en el control de acceso o llegar a un acuerdo económico.

Una o varias personas, trabajadores de estas empresas, se sitúan en la entrada de la vivienda para controlar quién entra y quién sale. Además, la ley de seguridad privada exige que las personas que controlan el acceso deben ser vigilantes de seguridad, y tienen que estar identificados con un número de placa y el nombre de la empresa para la que trabajan.

Aunque estos son los servicios a los que suelen recurrir los propietarios a los que les han okupado su vivienda, estas empresas ofrecen otros como asesoramiento en vídeo vigilancia o gestión de nuevo arrendamiento.

El objetivo es que se marchen y dejen la casa libre

Varias empresas de desokupación afirman a través de sus páginas web, que en ningún momento vulneran derecho o ley alguna, actúan siempre dentro del parámetro legal y estudian cada caso con minuciosidad, analizando el perfil del okupa, para no cometer ilegalidad alguna.

Todas ellas cuentan con un amplio equipo de abogados y departamentos de mediación jurídica y de seguridad privada

En su cartera se mezclan los okupas que invaden casas habitadas cuando sus inquilinos no están, que han ido en aumento, con los impagos de alquileres de larga duración y con un fenómeno creciente y complejo, como es el del alquiler subarrendado ilegalmente a un tercero que no paga.

Contratar a una empresa de desokupación supone el desembolso de entre 2.000 o 3.000 euros

Los operativos de desalojo deben estar respaldados por un despacho de abogados, que asesora sobre si legalmente son factibles o no.

También es obligatorio el visto bueno de la comunidad, que les autoriza para poner un control de acceso en la puerta del bloque –siempre al frente un vigilante jurado con placa– de manera que sólo puedan entrar y salir los que estén incluidos en la lista de vecinos 'legales'. Así, si salen, ya no se les permite volver a pasar.

El líder del equipo de desokupación establece una negociación con los okupas, para concretar un desalojo rápido y pacífico.

Finalmente, se cambia la cerradura y en muchos casos se instala una alarma.

La tasa de éxito, según el sector, es muy alta, aunque los casos se estudian previamente y se seleccionan. Por ejemplo, no se suelen aceptar casos cuando afectan a niños de corta edad. Tampoco son infalibles y al menos en un 10% de las ocasiones no se logra el objetivo.