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La gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha desencadenado un seísmo diplomático en la Unión Europea, tras la decisión del Gobierno de Italia de suspender temporalmente el acuerdo de libre circulación. El Ejecutivo de Giorgia Meloni comenzó este sábado a aplicar en aeropuertos y puertos marítimos controles aleatorios a viajeros procedentes de España, una medida drástica que tensiona los principios del espacio Schengen.
Esta acción unilateral de Roma ha provocado rápidas reacciones en el continente. La medida italiana ha encontrado el respaldo de Finlandia, mientras que ha despertado una profunda preocupación en los Países Bajos. Las autoridades neerlandesas, ante este complejo escenario, han exigido un refuerzo de la protección en las fronteras del norte de África para contener los flujos migratorios actuales.
Poco después de iniciar las inspecciones, fuentes del Ejecutivo italiano matizaron el alcance del operativo. Desde Roma aseguraron que los controles activados tienen un carácter aleatorio y especificaron que la restricción solo afecta a ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea.
Los plazos legales para suspender temporalmente el espacio Schengen
En términos administrativos, esta medida excepcional supone una suspensión temporal de los tratados vigentes. Dependiendo de la amenaza, la duración de esta interrupción puede variar entre tres y seis meses. Sin embargo, si las autoridades justifican una extrema urgencia, el periodo inicial sería de un mes, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de tres meses consecutivos, alterando el funcionamiento del espacio Schengen.
Legalmente, la normativa establece de forma clara que un país miembro no puede expulsar ni suspender unilateralmente a otro Estado del espacio Schengen. No obstante, cuando dos naciones no comparten frontera terrestre, un Estado miembro sí dispone de la potestad de suspender los acuerdos mediante la instauración de controles en las fronteras aéreas y marítimas que los conectan.
Aplicación práctica del Código de Fronteras y reacción de Finlandia
El mecanismo que permite ejecutar este procedimiento se basa en el restablecimiento temporal de controles fronterizos, actuando acorde a lo dictaminado por el Código de Fronteras del espacio Schengen. Este texto normativo permite a los gobiernos europeos reintroducir controles cuando detectan una amenaza grave para la seguridad interior o flujos migratorios masivos y no autorizados hacia sus territorios.
En la práctica, esta medida restrictiva puede aplicarse mediante controles en aeropuertos y puertos. Al no existir paso terrestre directo entre Italia y España, las autoridades obligan a las compañías operadoras de vuelos o barcos procedentes del otro país a realizar controles sistemáticos a todos los pasajeros, ya sea a su llegada a destino o a su salida.
El Gobierno de Finlandia se ha sumado a la petición liderada por Italia, sugiriendo suspender el espacio Schengen de libre circulación de personas con España tras registrarse la entrada masiva e irregular de casi 50.000 inmigrantes a Ceuta. «Todos los países deben apoyar la propuesta de Meloni. Aquellos que no cumplan con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros», ha afirmado Mari Rantanen.
En la misma línea, la ministra de Finanzas finlandesa, Riikka Purra, ha realizado un llamamiento público instando a «cerrar las puertas», en alusión a un blindaje fronterizo. La política ha recalcado que en Finlandia «no vendrá nadie de las invasiones de países en desarrollo avivadas por los socialistas». El Partido de los Finlandeses forma parte de la alianza de los Conservadores y Reformistas en el Parlamento Europeo, junto a Hermanos de Italia.
¿Qué es y qué países integran esta zona de libre circulación?
El espacio Schengen está considerado como la mayor zona de libre circulación del mundo, habiendo sido creado en 1985. En sus inicios, este tratado territorial comenzó como un proyecto estrictamente intergubernamental firmado inicialmente entre Francia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo.
La base de este tratado establece que los países miembros se comprometen a no efectuar de manera regular controles de identidad en sus fronteras interiores, salvo si existen amenazas para la seguridad. En contrapartida, tienen la obligación compartida de llevar a cabo controles exhaustivos en todas sus fronteras exteriores, rigiéndose conforme a unos criterios logísticos claramente definidos.
En la actualidad, este inmenso territorio de libre tránsito abarca más de cuatro millones de kilómetros cuadrados, albergando a una población de casi 420 millones de personas. El tratado agrupa actualmente a 29 naciones, incluyendo 25 Estados de la Unión Europea (excepto Chipre e Irlanda), además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, como países asociados al actual acuerdo.
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