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En el segundo aniversario de la aplicación de la ley de eutanasia, la Asociación Derecho a Morir Dignamente destaca que solo siete comunidades autónomas han publicado sus informes de 2022 sobre la aplicación de la ley, mientras que diez comunidades aún no lo han hecho.
Esta falta de transparencia dificulta la obtención de una imagen precisa de la situación y dificulta la distinción entre problemas puntuales y estructurales. La asociación reclama una mayor transparencia en la divulgación de datos sobre el asunto.
Falta de transparencia en la aplicación de la ley de eutanasia en España
Según la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), solo siete comunidades autónomas han publicado sus informes de 2022 sobre la aplicación de la ley de eutanasia, mientras que diez aún comunidades no lo han hecho. La legislación establece que cada comunidad debe elaborar y hacer público un informe anual de evaluación sobre la aplicación de la ley en su territorio.
En el segundo aniversario de la ley, la DMD reclama más transparencia en los datos de la eutanasia, ya que la baja calidad de la información disponible dificulta obtener una imagen precisa de la situación y distinguir entre problemas puntuales y estructurales.
Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, un total de 370 personas recurrieron a este proceso en España, según los datos presentados por la DMD.
La falta de transparencia se extiende también al Ministerio de Sanidad, que aún no ha publicado los datos correspondientes a 2022. Además, varias comunidades que han transmitido los datos al Ministerio no los han hecho públicos, incluidas Andalucía, Canarias, Baleares, Murcia, Castilla -La Mancha, Madrid, Galicia, Extremadura, Castilla y León y Navarra.
La falta de datos precisos es una de las mayores preocupaciones de la asociación
La falta de datos detallados y precisos en los informes sobre la eutanasia es una preocupación destacada según la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Los informes presentados por las comunidades autónomas carecen de información relevante y no responden a preguntas clave, lo que dificulta analizar la situación y distinguir entre problemas puntuales y estructurales.
Según Fernando Sanz, médico y miembro de DMD, los datos son casos y de baja calidad, lo que impide prevenir el acceso a la eutanasia en diferentes comunidades de manera adecuada. No se proporciona información sobre las causas de muerte durante el proceso de solicitud ni se explican las razones detrás de la prolongación de la ayuda de prestación a morir durante más de 50 días en algunos casos.
La asociación también plantea interrogantes sobre las solicitudes que no llegaron a las Comisiones de Garantía y Evaluación, así como las que fueron denegadas. Conocer los detalles de estas situaciones permitiría identificar obstáculos y mejorar los procedimientos.
Así, la DMD enfatiza la necesidad de prestar mayor atención a la recopilación de datos y mejorar la transparencia en torno a la eutanasia. Esto ayudaría a identificar problemas y facilitaría mejoras en los procesos involucrados.
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