Activistas se unen para proteger el derecho al aborto en la Unión Europea bajo la iniciativa: "Mi voz, mi decisión"

Feministas de once países europeos (Polonia, Francia, Austria, Eslovenia, Croacia, Irlanda, Finlandia, España, Hungría, Italia y Dinamarca) se han unido para proteger el derecho al aborto en la Unión Europea (UE).

Estas activistas forman parte del movimiento global "My voice, my choice" en español: "Mi voz, mi decisión". Esta acción es una Iniciativa Ciudadana Europea, que requiere la recolección de un millón de firmas para que su solicitud sea considerada por la Comisión Europea.

El movimiento pro aborto en la UE busca alcanzar 1 millón de firmas

Tienen plazo hasta abril de 2025 para recolectar las firmas, aunque el movimiento creado ad hoc en España para este objetivo explicó que sería preferible alcanzar el millón antes de las elecciones europeas. Según la Comisión, hasta el 13 de mayo han reunido 223.673 firmas de los 27 Estados miembros.

A través de un mecanismo económico planean blindar el aborto en la UE, ya que no pretenden ni sería posible obligar a los Estados miembros a legislar de una manera específica.

Las leyes antiaborto en los países de la UE

En 2020, el Tribunal Constitucional de Polonia declaró inconstitucional el supuesto legal que permitía el aborto en el 90 % de los casos (malformación fetal). El nuevo gobierno de Tusk se ha comprometido a legalizar la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.

En Malta han pasado de prohibir la interrupción del embarazo en todos los casos a permitirlo únicamente cuando la vida de la mujer está en riesgo. A pesar de este cambio, sigue teniendo una de las legislaciones más restrictivas de toda la UE.

Italia ha modificado recientemente la legislación para permitir que activistas antiaborto puedan acceder a las clínicas o centros donde las mujeres interrumpen su embarazo o buscan asesoramiento.

La amenaza de la extrema derecha

"Ya no se puede ignorar el efecto de las extremas derechas en Europa, que amenazan los derechos existentes", afirma la periodista y activista argentina Luciana Peker, ahora establecida en España y parte del movimiento “Mi voz, mi decisión”. "El triunfo de Milei demuestra que nuestros derechos pueden ser fácilmente vulnerados, también en Europa", añade.

Peker también señala que en Estados Unidos se está viviendo "un retroceso brutal y sin precedentes que nadie esperaba" tras la derogación de Roe v. Wade. Por ello, insiste en que "este primer paso para lograr el mecanismo financiero es clave para asegurar un acceso mínimo al aborto legal y seguro en la UE, mientras cada territorio lleva a cabo sus luchas específicas".

La mayoría de las interrupciones se realizan en centros privados

Un año después de la reforma de la ley del aborto, la mayoría de las interrupciones siguen ocurriendo en centros privados, lo que demuestra que la exclusión de la red pública continúa de manera sistemática, a pesar de que uno de los objetivos de la nueva normativa era evitar esto. Por lo tanto, hay mujeres que todavía deben desplazarse a otras provincias o incluso a otras comunidades autónomas. Además, la mayoría de las regiones no ha establecido el registro obligatorio de objetores.

En marzo, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció la creación de un protocolo dentro del Consejo Interterritorial con el fin de unificar los criterios para la elaboración de estos registros. Esto es crucial porque la ley establece que debe desarrollarse este protocolo, y varias comunidades autónomas argumentan que no han creado su registro de objetores debido a la falta de este documento.

¿Garantía de protección o potencial para restricciones futuras?

Desde "Mi voz, mi decisión" en España, se está impulsando el reconocimiento del derecho a la interrupción del embarazo en la Constitución, siguiendo el ejemplo de Francia. Blanca Rodríguez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, considera que esto tendría "una carga simbólica importante", aunque advierte que "esto no garantiza que nuestra ley no pueda volverse más restrictiva, ya que, aunque el derecho se reconozca en la Constitución, posteriormente se puede legislar de diferentes maneras".

La jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional español ya protege el aborto al considerarlo un derecho, como explicaron las expertas. "Es cierto que incluirlo explícitamente en la Constitución sería un avance adicional, pero no debemos olvidar que esto podría requerir un esfuerzo que tal vez desvíe la atención de lo realmente importante: asegurar el cumplimiento de la nueva normativa", agrega Rodríguez.