Los funcionarios de Cataluña en vilo por el artículo 155

Unos 300.000 funcionarios y empleados públicos en Cataluña (de los que 200.000 trabajan para la Generalitat) están pendientes de la puesta en marcha en las instituciones públicas del 155 y posibles órdenes contradictorias que puedan derivar en eventuales sanciones.

Albiol advierte a los funcionarios de Cataluña que si "se rebelan" contra el 155 "pueden perder su trabajo"

El choque entre gobiernos va a ocasionar que los empleados públicos se puedan encontrar en una disyuntiva: acatar las órdenes derivadas de la implantación del artículo 155 o seguir como hasta ahora, obedeciendo a los soberanistas.

El presidente del PP de Cataluña y senador Xavier García Albiol, uno de los 27 senadores que integran la comisión de la Cámara Alta que tramitará la aplicación del 155, han manifestado que confían en que los trabajadores públicos de la Generalitat seguirán haciendo su trabajo y obedeciendo la ley. Si no fuese así podría perder su trabajo. "Serán nulos de pleno derecho e ineficaces".

Los funcionarios de Cataluña están al servicio de los ciudadanos y la legalidad 

El presidente de CSIF, Miguel Borra, confía también en que la mayoría de los empleados públicos en Cataluña van a estar del lado de la Ley. "Los empleados públicos estamos al servicio de los ciudadanos y de la legalidad vigente".

Según el sindicato, el desarrollo del artículo 155 "protegerá a los empleados públicos que se nieguen a acatar órdenes ilegales de la Generalitat de Cataluña si deciden proclamar la declaración unilateral de la independencia". "El Estado velará por la seguridad jurídica de los funcionarios en el caso de que reciban órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones".

Los funcionarios en Cataluña "no seguirán órdenes de Madrid", obedecerán a las instituciones catalanas electas si el Gobierno central asume competencias autonómicas

Tanto el conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romera como el portavoz del Govern, Jordi Turull comparten opiniones. El Govern se esforzará para proteger y no trasladar responsabilidades políticas a los funcionarios y empleados públicos de la Generalitat.