El Gobierno propone prohibir la contratación de luz y gas por teléfono

El Gobierno de España está trabajando en una nueva normativa que prohibiría a las empresas de luz y gas formalizar contratos con los consumidores a través de llamadas telefónicas no solicitadas. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) lidera esta iniciativa, que se desarrollará mediante un real decreto diseñado para establecer condiciones claras en la comercialización, agregación y protección de los derechos de los consumidores en este sector.

El objetivo es proteger a los consumidores de prácticas comerciales abusivas y no deseadas, que muchas veces derivan en la formalización de contratos de luz y gas sin el pleno consentimiento informado del usuario. Para ello, la normativa restringirá la capacidad de las empresas para realizar contrataciones a través de llamadas telefónicas, a menos que el consumidor haya solicitado explícitamente dicha comunicación.

Proceso de consulta pública y aprobación

Aunque la normativa aún no está en vigor, el Miteco ha publicado un borrador del real decreto y lo ha sometido a consulta pública. Durante este periodo, las empresas y otros interesados pueden presentar sus alegaciones y sugerencias antes de la fecha límite, que se fijó para el 13 de septiembre de 2024. Una vez concluido este proceso de consulta, el texto final será presentado al Consejo de Ministros, que deberá aprobarlo antes de someterlo a votación en el Parlamento.

Según el borrador actual, en los casos en que el consumidor haya solicitado la llamada o la haya iniciado, el comercializador estará obligado a grabar la totalidad de la conversación. Esta grabación deberá incluir toda la información relevante proporcionada al consumidor, así como los detalles precontractuales esenciales de la oferta. Esta medida tiene como fin garantizar la transparencia y proteger al consumidor en el proceso de contratación de servicios energéticos como la luz y el gas.

Reclamaciones y sanciones previas

El impulso para esta normativa no ha surgido de la nada. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desempeñado un papel importante en la motivación de esta regulación. Recientemente, la CNMC abrió un expediente sancionador contra varias empresas del grupo Endesa por presuntas prácticas anticompetitivas, y ha pedido que se implementen "normas estrictas" para regular las prácticas comerciales en el sector energético.

La CNMC ha recibido numerosas reclamaciones de consumidores que denuncian haber recibido llamadas engañosas de distintas comercializadoras, en muchos casos sin haber dado su consentimiento para ser contactados. Estas prácticas, según el organismo regulador, podrían ser consideradas como engañosas y diseñadas para inducir a los consumidores a contratar servicios de manera poco ética. Por ello, la CNMC ha instado al Gobierno a adoptar medidas más rigurosas para proteger a los consumidores de estas prácticas.

Así las cosas, el Gobierno español, con el apoyo de la CNMC, busca reforzar la protección de los consumidores mediante la restricción de la contratación de servicios de luz y gas a través de llamadas telefónicas no solicitadas. La nueva normativa pretende evitar que los consumidores sean víctimas de prácticas comerciales abusivas, garantizando así que las contrataciones se realicen con total transparencia y consentimiento.