El Gobierno prepara un plan concreto de medidas para el Tercer Sector

El secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España, Ignacio Álvarez, se ha comprometido con la Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, a aprobar una serie de medidas extraordinarias de financiación para que éstas puedan seguir atendiendo a los colectivos más vulnerables con la máxima solvencia y garantías posibles tras el estado de alarma.

El presidente de la Plataforma, Luciano Poyato, ha celebrado una reunión con Álvarez en un encuentro en el que se ha dado respuesta a algunas de las demandas, relacionadas con la sostenibilidad y financiación, que se habían presentado por parte del Tercer Sector para afrontar la nueva realidad provocada por el COVID-19.

Poyato ha manifestado que “hay que prepararse para el nuevo escenario social que se dibujará y que, sin duda, estará marcado por un aumento exponencial de la pobreza y la exclusión social, algo que a su vez hará que aparezcan nuevas demandas que hay que atender desde las ONG”. “Es totalmente necesario que se coordinen todos los esfuerzos para dotar a nuestras estructuras de la máxima consistencia y solvencia, para no dejar a nadie atrás”, ha subrayado el presidente de la PTS.

Argumentos desde el Gobierno

Durante la reunión, el secretario de Estado de Derechos Sociales ha asegurado a los representantes del Tercer Sector que flexibilizará y modificará los plazos de justificación de los programas sujetos a la subvención del IRPF del año 2019 para que se puedan llevar a cabo todas las actividades previstas.  

Además, ha anunciado que se pondrá en marcha, de manera prioritaria, la nueva convocatoria de las subvenciones del IRPF del año 2020 para culminar el trámite antes de que finalice el año y además se garantizará el mismo importe que el ejercicio anterior.

Con respecto a las subvenciones que recibe el Tercer Sector para este año 2020, Álvarez ha asegurado que, al haberse prorrogado los Presupuestos Generales del Estado, se mantendrán las mismas cuantías que en 2019, así como las entidades destinatarias

Por último, se ha abordado la gestión “extraordinaria y excepcional” que se realizará este ejercicio de la recaudación conseguida a través de la casilla con fines sociales del Impuesto de Sociedades durante el año 2019 (año fiscal 2018) para abordar la crisis de la pandemia y acelerar así el proceso que permita que las entidades puedan atender las nuevas demandas creadas.

El objetivo es dotar de recursos a las organizaciones sociales de ámbito estatal para destinarlo a programas y acciones de reducción del impacto del COVID-19 en los grupos sociales más vulnerables ante la ausencia, por el momento, del Real Decreto que debe regular este 0,7%. En este sentido, el secretario de Estado se ha comprometido a desarrollarlo, pero ante la urgencia de la situación, se ha decidido este año dar salida a la recaudación por otra vía extraordinaria. 

Las necesidades del colectivo en tiempos de pandemia

Por su parte, el presidente de Plena inclusión España, Santiago López, ha planteado a la secretaria general de Políticas de Inclusión, Milagros Paniagua, el temor del movimiento asociativo de referencia en el sector de la discapacidad intelectual de que las 470.000 personas que conviven con esta condición, puedan, quedar fuera del proyecto de ingreso mínimo vital que está elaborando el Gobierno y del que se espera su inminente puesta en funcionamiento.

“Somos un colectivo con un alto número de familias golpeadas por la crisis económica y laboral. Muchas de ellas sufren el sobrecoste económico que supone sostener el día a día de una persona con discapacidad intelectual con múltiples necesidades de apoyo”, ha explicado López en la reunión mantenida con representantes del Ministerio de Inclusión.

Precisamente por esta vulnerabilidad, desde Plena inclusión se ha insistido ante el Gobierno sobre la gran oportunidad que ahora se presenta para atender necesidades urgentes de un colectivo que alcanza casi el medio millón de personas con discapacidad intelectual.