11/01/2018 - 12:07
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Atenas, 11 ene (EFE).- Grecia se prepara para una nueva ola de huelgas, convocadas por los sindicatos para protestar contra la ley escoba que se debatirá a partir de este viernes en el Parlamento y que constituye el penúltimo paquete de medidas pactadas con los acreedores antes de que finalice el programa de rescate en verano.
Para mañana está previsto en Atenas un paro de 24 horas del transporte marítimo, el metro, los tranvías y trolebuses.
Además, no trabajarán los obreros de la construcción y los médicos de los hospitales, con excepción de los que presten servicios mínimos.
Para el lunes, día en que esta prevista la votación de esta ley que comprende unos 400 artículos y cuyo texto abarca más de 1.300 páginas, hay convocada una huelga de tres horas del sindicato de servicios públicos, Adedy, que afectará fundamentalmente a los organismos de la administración pública.
Además, pararán durante tres horas los controladores aéreos, y durante dos, los jueces y fiscales.
Las protestas se dirigen contra un paquete de medidas que entre sus disposiciones incluye un endurecimiento de las condiciones para la convocatoria de huelgas de asociaciones sindicales locales.
De ahora en adelante, la convocatoria de una huelga en una empresa o gremio local requerirá de un quórum de 50 % mas uno de los miembros activos del sindicato, en lugar del 20 % que rige hoy.
Este cambio no afectará, sin embargo, a las grandes organizaciones sindicales como Adedy, o la del sector privado GSEE, sino exclusivamente a federaciones locales, por lo que una protesta laboral podrá seguir celebrándose por el método actual si la convoca la central sindical.
La reforma ha levantado ampollas no solo en los sindicatos, sino también en el propio partido gubernamental, Syriza.
El portavoz del Gobierno, Dimitris Tsanakópulos, reconoció este miércoles en una entrevista en la televisión pública que el ejecutivo no habría reformado la ley de huelgas, si no se lo hubiera exigido la cuadriga de acreedores (Comisión europea, Banco Central europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional).
Entre las medidas que también han desencadenado protestas callejeras figura la de instaurar un sistema electrónico para las ejecuciones hipotecarias.
Este método sustituirá a partir de finales de febrero por completo a las subastas presenciales en los tribunales.
Las subastas presenciales habían sido sistemáticamente boicoteadas por plataformas antidesahucio y movimientos de la izquierda extraparlamentaria, cuyas protestas llevaron a los notarios a cancelar prácticamente todas las convocatorias.
La ley que se votará el lunes amplía además los supuestos para la ejecución de una hipoteca: además de a las deudas de empresas e individuos con un banco, se aplicará también a la morosidad con la Hacienda.
La legislación actual protege únicamente las deudas hacia bancos de viviendas de primera residencia, cuyo valor catastral no supere los 300.000 euros.
Los inmuebles con un valor superior o las viviendas de veraneo con uno inferior no están protegidas, independientemente de la cuantía de deuda que tenga el propietario con el banco acreedor.
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