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Recibir la noticia de que el embarazo deseado no puede continuar debido a una malformación fetal grave o a la ausencia de latido es uno de los momentos más devastadores en la vida de una gestante. Sin embargo, en la Región de Murcia, al trauma de la noticia se suma un protocolo médico que está generando una profunda controversia y denuncias por falta de humanidad. Según un reportaje publicado por Newtral, el protocolo vigente en el hospital de referencia, el Virgen de la Arrixaca, obliga a las mujeres a pasar entre 36 y 48 horas en su domicilio con el feto ya fallecido o en proceso de detención vital, antes de ser ingresadas para la expulsión en un aborto.
Esta práctica, amparada en criterios farmacológicos de eficiencia, ha levantado una ola de indignación. Las afectadas describen esos dos días de espera en casa como una tortura psicológica innecesaria, donde el dolor físico se mezcla con la angustia de llevar dentro un embarazo que ya ha terminado, sin el amparo inmediato de una habitación de hospital y personal sanitario.
Un protocolo rígido que ignora el dolor psicológico de un aborto
El procedimiento estándar para el aborto terapéutico (o interrupción legal del embarazo por causas médicas) en el segundo trimestre suele combinar dos fármacos. Primero se administra mifepristona, que detiene el embarazo y prepara el cuello del útero. Pasadas unas 36-48 horas, se administra misoprostol para provocar las contracciones y la expulsión.
El punto de fricción en Murcia no es el uso de los fármacos, que es el estándar médico, sino el lugar donde se debe pasar el tiempo entre una toma y otra. Mientras que en otros hospitales de España se ofrece a la mujer la posibilidad de ingresar desde el primer momento si así lo desea, o se reduce el tiempo de espera bajo vigilancia, el protocolo murciano envía a las pacientes a casa sistemáticamente.
La justificación médica suele ser que la medicación tarda ese tiempo en hacer efecto óptimo. Sin embargo, esta visión puramente fisiológica ignora el componente emocional del duelo perinatal. Obligar a una mujer a volver a su entorno doméstico, a menudo donde tiene preparada la habitación del bebé o donde hay otros hijos, mientras espera a que su cuerpo inicie un proceso de parto de un hijo que no vivirá, es calificado por psicólogos y asociaciones de pacientes como una forma de maltrato institucional o violencia obstétrica.
El riesgo de expulsión en casa y la falta de acompañamiento
Más allá del impacto psicológico, existe un temor físico real: el riesgo de que el proceso de expulsión en un aborto se desencadene antes de tiempo, estando la mujer en su domicilio. Aunque el protocolo está diseñado para que la expulsión ocurra tras la segunda medicación (ya en el hospital), cada cuerpo reacciona de forma distinta.
El reportaje recoge testimonios de mujeres que temen sufrir hemorragias o contracciones fuertes sin asistencia médica inmediata. Esta situación de vulnerabilidad se agrava por la sensación de abandono. Durante esas 48 horas, la paciente y su pareja o acompañante están solos gestionando un aborto, una situación traumática. No hay una enfermera a la que llamar pulsando un botón si el dolor aumenta o si la ansiedad se dispara.
Esta gestión ambulatoria forzosa se percibe como una medida de ahorro de costes o de gestión de camas, priorizando la logística hospitalaria sobre el bienestar integral de la paciente. La falta de opciones es lo que más se critica: no se trata de obligar a todas a ingresar, sino de no obligar a todas a irse a casa.
Comparativa y denuncia: ¿es esto violencia obstétrica?
El concepto de violencia obstétrica se refiere a aquellas prácticas que, por acción u omisión, deshumanizan el trato a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio. Asociaciones de defensa de los derechos de la mujer y el parto respetado señalan que este protocolo encaja en esa definición al ignorar el sufrimiento emocional de la paciente.
La disparidad territorial es evidente. En otras comunidades autónomas u hospitales con protocolos más actualizados y humanizados, el enfoque es multidisciplinar. Se incluye apoyo psicológico desde el momento del diagnóstico de aborto y se permite a la mujer decidir si prefiere esperar en su domicilio o quedarse ingresada bajo sedación ligera o acompañamiento profesional.
La denuncia pública de estas prácticas busca forzar un cambio en la Consejería de Salud de Murcia. La medicina moderna no puede limitarse a curar o tratar cuerpos; debe cuidar a las personas. En situaciones de duelo perinatal, donde no hay un final feliz posible, el sistema sanitario tiene la obligación moral de garantizar que el proceso sea lo menos traumático posible, ofreciendo un entorno seguro, cálido y respetuoso, algo que el actual protocolo de "espera en casa" parece no estar cumpliendo.
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