El Ingreso Mínimo Vital debe reconocer a personas con discapacidad intelectual

Plena Inclusión reclama que el Ingreso Mínimo Vital reconozca a las personas con discapacidad intelectual. No hacerlo puede aumentar las dificultades de este colectivo para el acceso a una vida independiente.

La entidad demanda compatibilidades en la ayuda con la que incentivar el empleo para quienes tienen la tasa de actividad más baja (37’5%) y mayor paro del país (31%).

El Consejo de Ministros aprobará la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital que contará con un presupuesto de 3.000 millones de euros y llegará a beneficiar a 850.000 hogares. Desde Plena Inclusión, al tiempo que se aplaude la iniciativa, se subraya que la mayoría de las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (autismo, síndrome de Down o parálisis cerebral) no van a ser beneficiarias de este mecanismo público de protección social.

“El Gobierno establece la puerta de entrada a la recepción del IMV en la categoría de ‘unidad de convivencia’. Este sistema impediría que las personas con discapacidad intelectual alcancen una vida independiente al no ser ellas sino su familia la beneficiaría”, denuncia Enrique Galván, director de Plena inclusión España. Desde la confederación se reivindica que el IMV esté basado en criterios de equidad de modo que tenga en cuenta el sobreesfuerzo económico que afrontan las familias para garantizar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad.

Plena Inclusión trabaja por los derechos y la dignidad de 140.000 personas con discapacidad de toda España

Reclama al Gobierno sensibilidad respecto a la situación de precariedad invisible de miles de familias. Además, se solicita que el Ingreso Mínimo Vital no suponga un obstáculo para el empleo de las personas con discapacidad.

Plena Inclusión propone que se amplíe el periodo de compatibilidad de la ayuda y el acceso a un puesto de trabajo. Este aspecto resulta fundamental dado que el colectivo de las personas con discapacidad es el que aglutina la tasa de inactividad más baja (31%) y el mayor porcentaje de desempleo (37’5%) de toda la población española en edad de trabajar.

Desde Plena Inclusión se ha mostrado en todo momento una actitud constructiva con el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, durante el mes de mayo, representantes del movimiento asociativo se han reunido con la secretaria general de Políticas de Inclusión, Milagros Paniagua; y con responsables del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con el fin de acercarles alternativas que tengan en cuenta la realidad de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Derechos sociales y Agenda 2030

Según la confederación, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha notificado al Tercer Sector su intención de reducir el tramo estatal de la recaudación del 0,7 del IRPF para fines de interés social (que pasaría del 20% actual al 14%).

Esta es la fuente fundamental de financiación de las entidades de acción social estatales, indicó Plena Inclusión, que agrupa a 900 asociaciones de apoyo a personas con discapacidad intelectual de toda España. Desde el Gobierno niegan tal extremo y señalan que, al contrario, ha aumentado la financiación.

Por otro lado, la PTS señaló en nota de prensa que la recaudación del 0,7 % del Impuesto de Sociedades ya no financiará en exclusiva proyectos presentados por entidades de acción social estatales, sino que incluirá a ONG ecologistas y de cooperación al desarrollo.

Según Plena Inclusión, "el trabajo y la dedicación entregada de las ONG del Tercer Sector de Acción Social son básicas en la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad social, mucho más durante la actual pandemia".

Por ello, "el reconocimiento a esta labor debería garantizarse asegurando condiciones económicas y jurídicas suficientes para que el Tercer Sector pueda seguir manteniendo una respuesta de calidad que atienda a la población que más lo necesita", concluyó.