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La demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, criticó este jueves que el presidente Donald Trump, emplee la amenaza de redadas masivas "brutales" contra inmigrantes indocumentados con el objetivo de infundir miedo.
La líder demócrata explicó que realizará un llamamiento a los seguidores evangélicos de Trump para que ejerzan presión y poder conseguir que se suspendan las redadas contra los inmigrantes.
Según el diario The New York Times, podrían comenzar este domingo en al menos diez ciudades del país para capturar a inmigrantes indocumentados y sus familiares, pero esto aún no ha sido corroborado por el Gobierno.
"Estas acciones brutales van a aterrorizar a niños y separarán a muchas familias. (...) Las familias deben permanecer unidas; todos en nuestro país tienen derechos (...)"
La presidenta de la cámara baja informó de que los hispanos evangélicos que votaron a Trump están muy preocupados y piensan que toda esta situación ha llegado demasiado lejos. Y han confirmado tener miedo y sentirse amenazados.
La política subrayó la importancia de proteger a los niños de familias indocumentadas y señaló que muchos de estos núcleos familiares de inmigrantes, tienen miembros con distintos estatus legales.
En su información, The New York Times, que citó a dos funcionarios y a un extrabajador del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que pidieron el anonimato, detalló que en esas redadas las autoridades podrían detener a inmigrantes "que estén en el área aún cuando ellos no fueran los buscados".
Entre las ciudades donde podrían ocurrir esas redadas se cuentan Chicago, Baltimore, Nueva York, Houston, Los Ángeles y Miami
"En la medida en que sea posible, los miembros de familias arrestadas juntos serán llevados a centros de detención para familias en Texas y Pensilvania. Pero, debido al espacio limitado, algunos podrían terminar en hoteles mientras se preparan sus documentos de viaje", dijo el rotativo.
Los funcionarios consultados señalaron que el Servicio de Inmigración buscará primero a unas 2.000 personas que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales.
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