La nueva Ley Hipotecaria no afectará a los embargos pendientes de tribunales de la UE

Madrid, 11 dic (EFE).- La nueva Ley Hipotecaria no afectará a los embargos que están pendientes de recursos ante los tribunales europeos y no tendrá carácter retroactivo salvo para la nueva cláusula de vencimiento anticipado o en subrogación y novación, que benefician al cliente.

La Comisión de Economía del Congreso, bajo la presidencia del exministro del PP Cristóbal Montoro, ha aprobado hoy la nueva normativa hipotecaria, consecuencia de la trasposición de una directiva europea, con el fin de que sea debatida en el Pleno del Congreso la próxima semana y que tras pasar por el Senado pueda entrar en vigor en marzo, un mes después de su publicación en el BOE.

La Ley no será de aplicación a los contratos de préstamo suscritos con anterioridad a la entrada en vigor y sí resultará de aplicación a aquellos contratos celebrados con anterioridad si son objeto de novación o de subrogación con posterioridad a su entrada en vigor.

Además, serán de aplicación las nuevas cláusulas de vencimiento anticipado previstas (12 cuotas impagadas o el 3 % del capital principal prestado en la primera mitad de la vida del préstamo, y 15 cuotas y el 7 % en la segunda mitad del crédito), salvo que la previsión que contengan resulte más favorable para el deudor.

"No será de aplicación a los contratos cuyo vencimiento anticipado se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se hubiese instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlo efectivo y estuviera este supeditado o no", incide la Ley.

Según la nueva regulación el cliente, con préstamos anteriores a la Ley, podrá subrogar sin costes y libremente su hipoteca, y entre las entidades se establecerá un mecanismo de compensación basado en los intereses cobrados y los pendientes de cobro vinculados al coste por los gastos de constitución de la hipoteca.

La entidad no podrá cobrar comisiones por novación en el préstamo.

Así lo establecerá una disposición transitoria primera, apoyada por la mayoría y relativa a los contratos preexistentes y que afirma que el prestamista deberá informar al prestatario de aquellos contenidos que hayan sido objeto de modificación respecto de lo contratatado inicialmente.

Además, cualquiera que sea el momento en el que se hubiera celebrado el contrato, el prestatario siempre tendrá derecho de reembolso anticipado según establece la nueva Ley.

La mayoría de los portavoces ha valorado que la nueva Ley sea fruto del consenso y ha señalado que ofrece mayor seguridad jurídica.

El portavoz socialista Gonzalo Palacín ha afirmado que la norma protege más al consumidor y la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha señalado que será "más eficaz y equilibrada" mientras que desde el PDeCAT Ferrán Bel ha afirmado que generará "certidumbre".

El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral ha lamentado que la Ley no establezca la obligatoriedad de la dación en pago y que la ejecución de la deuda no se ciña al bien hipotecado al tiempo que -en su opinión- "condena la exclusión financiera" y no cumple con las sentencias de la UE que consideran abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado.

"Hemos pasado de la Ley Guindos a la Ley Calviño, que es la Margaret Thatcher del Gobierno de Sánchez", ha denunciado.

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión Carlos Floriano ha lamentado que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) no se haya modificado para ser cero y para que los ingresos que reciben las CCAA por este tipo de gravamen sean compensados por la Administración General del Estado.

Al respecto ha avanzado que esta enmienda se incluirá en el trámite del Senado, donde el PP tiene mayoría, aunque luego vuelva a ser votada, y previsiblemente rechazada de nuevo por el Congreso.

Floriano también ha instado a modificar el Impuesto de Sociedades porque el Decreto Ley del Gobierno de AJD podría ser inconstitucional ya que la modificación del artículo 15 de Sociedades para que la banca no se deduzca el pago del impuesto debería hacerse a través de una Ley.

El diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez ha valorado que la nueva Ley recoja que las cajas rurales y las cooperativas de crédito, exentas actualmente de pagar el impuesto de AJD lo abonen en el caso de que concedan un préstamo, que ha salido gracias al apoyo del PP y PNV y a la abstención de Podemos ya que el PSOE ha votado en contra.

Sin embargo, ha lamentado que la normativa no prohíba los préstamos multidivisa.

La nueva Ley bajará a la mitad las comisiones de amortización anticipada para hipotecas de tipo fijo (2 % durante los 10 primeros años y 1,5 % después), mientras que el cliente deberá elegir el tipo de amortización a tres o cinco años cuando su hipoteca sea a tipo variable (comisiones del 0,25 % o del 0,15 % respectivamente).

También se podrá contratar con otra entidad los seguros o pólizas de hogar, vida o protección del crédito y el cliente podrá elegir libremente a los tasadores que pueden ser personas físicas.