Se insta al Gobierno a revisar la Ley de Riesgos Laborales para adaptarla a las personas con discapacidad

La política española se ha tomado muy enserio los importantes y necesarios cambios que hacían falta para generar una sociedad más inclusiva con las personas con discapacidad. Uno de los pasos más importantes por los que se llevaba tiempo luchando ha sido la reforma del artículo 49 de la Constitución. Así mismo, desde varias organizaciones que trabajan por hacer prevalecer los derechos de este colectivo, ahora se solicita revisar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta ley se modificó recientemente integrando algunas modificaciones necesarias para actualizarla. Sin embargo, desde algunos grupos como la Fundación Derecho y Discapacidad, el Cermi y el Centro de Estudios Garrigues, se ha solicitado que también mejore en algunos puntos flacos, sobre todo en lo referido a la seguridad y la salud laborales de las personas trabajadoras con discapacidad. Así lo han hecho saber en su último informe realizado en conjunto.

Un paso más en las mejoras jurídicas para las personas con discapacidad

En el informe titulado ‘Derechos de las personas trabajadoras con discapacidad a la protección de la seguridad y salud en el puesto de trabajo’, se analiza el tratamiento jurídico que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) dispensa sobre la actividad laboral de las personas con diversidad funcional, tomando en cuenta como principal objetivo de esta ley la promoción de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Con este informe, los grupos participantes buscan adaptar el cuerpo legal al contexto social y normativo actual y a las necesidades de las personas trabajadoras con diversidad funcional, y hacer que esta se encuentre en línea con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Así pues, se propone reformar "en detalle" la ley planteando un cambio en el enfoque significativo con el que el legislador reguló en su momento.

Eso hace referencia al hecho de que la ley actual priva de acceso a personas con diversidad funcional a determinadas posiciones de riesgo, así como la restricción en el manejo de cierta maquinaria o equipos por no estar estos suficientemente adaptados. En este cambio de enfoque, se pide que se revise y adapte tanto las infraestructuras, instalaciones, equipo, herramientas, etc.

Esto favorecería a que que las personas con diversidad funcional puedan acceder a la mayor oferta laboral posible en las mismas condiciones de seguridad y salud que el resto de empleados, en vez de verse discriminados de algunos puestos o labores.

Más inclusión, menos desigualdades

Por su parte, el Cermi planteó que esta idea de inclusividad debe quedar patente en todo el cuerpo de esta norma para dar a las personas con discapacidad su lugar y su protagonismo, garantizándoles la accesibilidad al entorno laboral en iguales condiciones y la adaptación del mismo en aquellos casos en que sea necesario. Con este cambio de paradigma, las discriminaciones se verían reducidas y se ampliaría el mercado laboral para este colectivo.