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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 9 de mayo la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios.
Asimismo, dicha nueva ley, también contempla otros aspectos, tales como, la migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
¿Qué va a ocurrir con esta trasposición y la accesibilidad?
Esta nueva ley, que entró en vigor el pasado 10 de mayo, transpone al ordenamiento jurídico español, entre otras, la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios.
Dicha norma es la que busca introducir exigencias de accesibilidad mínimas para determinados bienes, productos y servicios a fin de asegurar la no discriminación de las personas con discapacidad.
Durante su tramitación en las Cortes, la ahora ley incorporó numerosas enmiendas de mejora resultado de propuestas realizadas a los grupos parlamentarios por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Con sus sugerencias de enmiendas, la plataforma representativa global de la discapacidad pretendía reforzar y hacer más exigentes, en su transposición al Derecho interno español, los contenidos de la Directiva (UE) 2029/882, ya que los Estados, respetando los mínimos de la Norma europea pueden mejorarla dotándola de prescripciones de accesibilidad universal más intensas.
Entre las cuestiones incluidas a demanda del Cermi podemos encontrar las siguientes:
- Prohibición de los espectáculos públicos, comprendidos los taurinos, que denigren a las personas con discapacidad.
- La regulación legal de los Centros de Documentación e Investigación en Discapacidad y de Trastornos del Espectro del Autismo.
- La ampliación del Fondo Reina Letizia a cuestiones de accesibilidad universal.
- La incorporación de la Lengua de Signos Española a la publicidad en soporte audiovisual de la Administración General del Estado o el mandato al Gobierno para reformar el reglamento del Real Patronato sobre Discapacidad para adaptarlo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Marzo dio la luz verde a esta nueva ley
Fue durante el último jueves de marzo de 2023 cuando la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó, por 20 votos a favor, cinco votos en contra y nueve abstenciones, con competencia legislativa plena, el texto del informe elaborado por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad y las otras materias tan dispares.
Con sus sugerencias de enmiendas, la plataforma representativa global de la discapacidad, Cermi, buscó “reforzar y hacer más exigentes, en su transposición al Derecho interno español, los contenidos de la Directiva (UE) 2029/882, ya que los Estados, respetando los mínimos de la norma europea pueden mejorarla dotándola de prescripciones de accesibilidad universal más intensas”.
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