Propuesta para mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad en las áreas rurales

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados dio un paso significativo al aprobar una proposición no de ley que busca atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad en áreas rurales.

Este acuerdo, impulsado por el Grupo Popular y respaldado de manera unánime, insta al Gobierno a llevar a cabo un estudio exhaustivo que permita identificar las demandas y necesidades de este colectivo, con el objetivo de diseñar políticas que mejoren su calidad de vida.

La diputada popular Socorro Cuesta, encargada de defender la propuesta, resaltó los desafíos únicos que enfrentan estas personas debido a factores como la dispersión geográfica, la carencia de servicios básicos y el envejecimiento de la población.

Iniciativa para atender las necesidades de la discapacidad en áreas rurales

Según Cuesta, las personas con discapacidad en el áreas rurales suelen tener un perfil específico: mayor edad y predominancia femenina, lo que agrava su vulnerabilidad. Como ejemplo, mencionó casos concretos, como el de madres que deben recorrer grandes distancias para llevar a sus hijos a terapias necesarias, o personas mayores que no pueden acceder a transporte público para acudir a consultas médicas.

La iniciativa propone implementar “servicios de proximidad” y desarrollar “intervenciones ambulatorias” en esas áreas rurales donde la infraestructura es limitada.

Además, pone especial énfasis en la necesidad de programas dirigidos a mujeres con discapacidad y en servicios de apoyo para familiares cuidadores. Según Cuesta, la ruralidad intensifica las barreras existentes, y es esencial comprender la situación real de estas personas para transformar políticas de sobrevivencia en medidas de bienestar efectivo.

La proposición también aboga por la creación de un cronograma de implementación para las medidas que surjan del estudio, con la colaboración de las administraciones competentes y la garantía de una financiación estatal adecuada. Según Cuesta, este diagnóstico debe servir como base para diseñar soluciones específicas que aborden las carencias estructurales que enfrenta este grupo poblacional en áreas rurales.

Accesibilidad a la justicia para personas con discapacidad

En la misma sesión para alcanzar la accesibilidad en áreas rurales, la Comisión aprobó otra proposición no de ley enfocada en garantizar el acceso pleno a la justicia para las personas con discapacidad. Esta propuesta, respaldada por PP, PSOE y Sumar, solicita al Gobierno la creación de un plan de acompañamiento y asesoramiento judicial personalizado. Además, insiste en la eliminación de barreras que dificultan la relación de las personas con discapacidad con la administración de justicia.

Violante Tomás, portavoz popular, subrayó la importancia de garantizar ajustes razonables y adaptados al género y la edad, así como de revisar los protocolos existentes en los juzgados. Entre las medidas destacadas están la creación de espacios accesibles, el uso de lenguajes alternativos como la lengua de signos o el braille, y la simplificación del lenguaje en los procedimientos judiciales. También defendió la figura del facilitador judicial como un recurso esencial para evitar la revictimización de personas con discapacidad.

Aunque la enmienda socialista aseguraba que el Gobierno ya está trabajando en estas líneas, Tomás criticó lo que percibe como inacción. “Los derechos sin hechos son papel mojado”, afirmó.

Formación de agentes judiciales para atender a personas con discapacidad

Por su parte, Rocío de Meer, de Vox, mostró apoyo a la accesibilidad judicial pero cuestionó la necesidad de ajustes por género, argumentando que hombres y mujeres con discapacidad deberían tener el mismo trato en el acceso a la justicia. Esta postura fue rebatida por Tomás, quien subrayó que la violencia de género y otros crímenes afectan específicamente a las mujeres, justificando así una atención diferenciada en esos casos.

Rafael Cofiño, representante de Sumar, añadió que es fundamental formar a todos los agentes implicados en el sistema judicial para que puedan identificar y atender adecuadamente a las personas con discapacidad, ya sean víctimas, testigos o acusados.

Estas iniciativas reflejan el compromiso de los legisladores por construir un entorno más inclusivo para las personas con discapacidad, tanto en las áreas rurales como en el acceso a derechos fundamentales como la justicia.