Juntos podemos salvar vidas: Propuestas para mejorar la protección de los refugiados

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha elaborado un conjunto de propuestas dirigidas a las autoridades españolas para que se garanticen los derechos de los refugiados, personas migrantes y solicitantes de asilo, independientemente de las situaciones de emergencia ocurridas como la Covid-19.

Ayuda a los refugiados que huyen de la violencia

80,4 millones de personas viven forzosamente lejos de su hogar por guerras, violencia y graves violaciones de sus derechos fundamentales. Esto supone más del 1 % de la población mundial y el número más alto jamás registrado por Acnur. Unas cifras que hablan por sí solas sobre la situación de los refugiados.

Las personas refugiadas son aquellas que se han visto obligadas a huir de su país por sufrir persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual. A finales de 2019 había 34,4 de millones de personas han abandonado su país de origen, mientras que 48 millones estaban desplazadas internamente.

Actualmente, Siria es el primer país de origen de las personas refugiadas en el mundo. Debido a un conflicto que dura ya más de una década, que se ha cobrado cerca de 500.000 vidas y ha obligado a huir del país a 6,7 millones de sirios y sirias. Junto a Venezuela (4 millones), Afganistán (2,6 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1,1  millones) representan el 68 % de todas las personas que buscan refugio en el mundo.

La pandemia no golpeó a todo el mundo por igual

Sin dudas, tal como indica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), las poblaciones más vulnerables sufrieron doblemente los embates de la crisis sanitaria y la posterior crisis económica que se desató tras la llegada del coronavirus. Los efectos para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo han sido devastadores.

El Informe Anual de CEAR 2021 advierte que en el escenario de emergencia sanitaria causada por la COVID-19, persisten numerosos retos en materia de acceso al derecho de asilo, así como importantes desafíos en cuanto a la acogida e inclusión.

El cierre de las fronteras ha originado un importante descenso de las personas que solicitan asilo en España, quedando miles de ellas atrapadas en los países de origen o de tránsito

Con la llegada de las vacunas y ante un posible retorno a una situación de antigua “normalidad” previa a la pandemia, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) afirma que urge seguir adoptando medidas que protejan y garanticen los derechos de los refugiados.

A continuación, se exponen aquellas que CEAR considera esenciales para este fin:

1. Pacto Europeo de Migración y Asilo centrado en los derechos humanos y en las personas. Impulsar que la negociación sobre las decepcionantes propuestas de la Comisión Europea contenidas en el nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo (pendientes de alcanzar acuerdos en el seno del Parlamento Europeo y el Consejo) ponga remedio a los fallos evidenciados desde 2015, reduciendo el enfoque excesivo en los retornos y en la externalización de fronteras. Urge impulsar la adopción de un mecanismo de responsabilidad compartida ineludible que establezca cuotas de reubicación obligatorias entre los Estados miembros para evitar una solución de solidaridad a la carta, que es inaceptable para abordar el fenómeno migratorio.
2. Vías legales y seguras para que nadie tenga que arriesgar su vida en su intento de salvarla. Asumir un mayor compromiso en materia de reasentamiento, la única vía legal y segura a la que actualmente pueden acceder las personas refugiadas: elevar la cuota acordada, aumentar el número de personas definitivamente reasentadas y ampliar el número de nacionalidades elegibles. Asimismo, España debe promover el traslado de solicitantes de asilo desde embajadas o consulados, como establece la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2020 en cumplimiento del artículo 38 de la Ley de Asilo. Por último, es preciso incrementar la concesión de visados humanitarios y flexibilizar los requisitos de reagrupación familiar.
3. Estudio individualizado de las solicitudes de asilo. No se deben aplicar criterios estándar según nacionalidades. La agilidad en el estudio y la resolución de los expedientes no puede repercutir en la calidad del procedimiento. Además, es urgente dar respuesta a más de 100.000 solicitantes de asilo que esperan una decisión de la que depende su vida.
4. Fin a las políticas de contención migratoria. Garantizar una política de traslados ágil, transparente y sistematizada, sin discriminación por razones de nacionalidad, desde Canarias, Ceuta y Melilla a la península para las personas llegadas y especialmente para aquellas en mayor situación de vulnerabilidad, evitando que las islas y los territorios ultraperiféricos vuelvan a convertirse en grandes campos de retención de personas migrantes. En este sentido, es importante resaltar la relevancia de la sentencia del Tribunal Supremo por la que se establece que debe permitirse la libertad de circulación por todo el territorio español de las personas solicitantes de asilo. Ante los incrementos de llegadas, es necesario activar los mecanismos de solidaridad territorial, diseñando una redistribución de las personas, equitativa y solidaria, entre todas las comunidades autónomas.
5. Protección de personas perseguidas por agentes no estatales. Avanzar en el reconocimiento del derecho de asilo en casos de  persecución de agentes no estatales, cuando las personas carecen de protección efectiva por parte de las autoridades de su país de origen. Historias como la de Isabel son el mayor ejemplo de que hay que mejorar la protección por este motivo.
6. Poner fin a las expulsiones sumarias de personas que llegan a Ceuta y Melilla y a islas como Chafarinas, y garantizar que la aplicación de la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería es plenamente acorde con la normativa internacional sobre protección de los derechos humanos suscrita por España. No más devoluciones ilegales.
7. Acogida que mantenga la especialización y la calidad en la atención. Es preciso evitar una falta de armonización territorial en la que las personas solicitantes de asilo reciban diferentes tratamientos según el territorio en que sean atendidas y un posible menoscabo de las garantías del sistema de acogida con la aparición de proveedores con ánimo de lucro, poniendo en valor el actual modelo de colaboración con entidades sociales especializadas que garantizan la proximidad con el territorio, así como la participación de la sociedad civil.
8. Políticas contra el odio y por la convivencia. Generar un relato con una línea clara de comunicación política positiva que neutralice el discurso del odio, acompañándolo de acciones que minimicen la conflictividad social. Impulsar y desarrollar políticas de convivencia, integración y lucha contra la discriminación a escala autonómica y municipal, desde un enfoque comunitario y de máxima cercanía con la ciudadanía para evitar la polarización social.
9. Cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), contemplando la aplicación de medidas alternativas previstas en la Ley de Extranjería.
10. Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. Con este fin se ha creado una alianza de la que CEAR forma parte junto a 12 entidades que piden crear un órgano independiente, dotado de recursos suficientes para la atención, acompañamiento, reparación y protección integral de las víctimas de discriminación, así como para el trabajo de vigilancia e incidencia sobre políticas y agentes discriminatorios de diferente carácter y ámbito.
11. Ley Integral de Protección y Asistencia a las Personas Víctimas de Trata de Seres Humanos. Se debe garantizar a las potenciales víctimas de trata el derecho a la información, el acceso al procedimiento de asilo y un tratamiento diferenciado.
12. Eliminar la exigencia del visado de tránsito para las personas originarias de países en conflicto. Actualmente se impone este requisito a personas procedentes de Siria, Palestina, Yemen, Gambia o Camerún, cuya población sufre graves violaciones de derechos humanos y es susceptible de recibir protección internacional.
13. Garantizar la coherencia de políticas. La política migratoria debe de ser coherente con los compromisos adquiridos en la Agenda 2030, la Agenda del cambio climático, la Agenda de los derechos de las mujeres, la Agenda Urbana Española y los Pactos Mundiales de Migración y Refugio, asegurando en su implementación un enfoque de derechos humanos, de género e intercultural. En el marco de la aplicación de la Agenda 2030, cabe tener en cuenta como hoja de ruta la Agenda 2035 para facilitar la movilidad humana propuesta por el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes.

Estas son solo unas propuestas de mínimos que CEAR ha elaborado para mejorar la protección de los refugiados en nuestro país, aunque la ONG afirma hay muchas más medidas que se podrían tomar para no dejar a nadie atrás tales como: regularización urgente, fin a la externalización de fronteras, garantizar el acceso a derechos fundamentales (sanidad, educación, vivienda…), protección de los niños y niñas que llegan solos a España, etc.

Todas estas se basan en la empatía y la solidaridad. Entendiendo que migrar es un derecho y que nunca una persona puede ser ilegal. Porque las personas somos mucho más que cifras.