El sistema de protección de menores tutelados falla

Aldeas Infantiles SOS ha reclamado que la protección de las administraciones públicas se extienda más allá de los 18 años para aquellos jóvenes que han sido tutelados mientras eran menores de edad, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre.

Según la ONG, unos 5.200 jóvenes se vieron obligados a abandonar el sistema de protección en 2020 por cumplir la mayoría de edad, “una emancipación temprana que en la mayoría de los casos no se produce de manera ni planificada ni progresiva”.

“Buena parte de estos chicos y chicas no cuentan con apoyo y los 18 años marcan para ellos el inicio de una nueva etapa de desprotección, en la que se pone en riesgo, cuando no se deshace, lo avanzado hasta ese momento", advirtió.

Los centros para menores en situación de desprotección son residencias para niños, niñas y adolescentes que compensan la carencia de un número suficiente de familias dispuestas a darles un hogar de acogida temporal a estos menores. Pueden ser un lugar de recepción, de atención temprana y urgente, pero no deben cronificarse en la vida del menor. Así lo indica la ley y así lo reclaman las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia. Por falta de inversión, comunicación o apuesta decidida para incentivar el acogimiento familiar, el modelo de los centros se ha impuesto cuantitativamente, pese a ser más costoso y perjudicial para el desarrollo de la infancia.

Aldeas Infantiles defendió que la obligación del Estado de proteger a quienes han estado bajo su tutela se extienda más allá de la mayoría de edad

Y reclamó que la transición a la vida independiente “se asuma como una fase más del sistema de protección y que se prorroguen los apoyos necesarios para la plena integración de los jóvenes en la sociedad”.

En cuanto a los 50.000 menores que se estiman en el sistema de protección en España, criticó que las directrices de Naciones Unidas sobre la preferencia del acogimiento familiar se cumplen solo de manera parcial.

“La infancia y la adolescencia que ha perdido el cuidado parental tiene derecho a recibir cuidado alternativo en familias o entornos de carácter familiar, donde los hermanos permanezcan juntos, en los que cuenten con figuras de referencia y donde su opinión sea tenida en cuenta“, reclamó.

También es necesario que “los profesionales estén altamente capacitados y reciban formación continuada con un enfoque de derechos de infancia”, y propuso “una reflexión respecto al concepto de institucionalización, identificado todavía con un modelo de actuación tutelar que debe superarse”.

A su juicio, “el concepto de centro de protección debe basarse en su funcionalidad y en el desarrollo de programas individualizados de intervención con niños, niñas y adolescentes para, de esta forma, dejar atrás una consideración desfasada respecto al papel que puede jugar el acogimiento residencial“.

La ONG se refirió además a la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y señaló que seis años después sigue sin desarrollarse en la mayoría de comunidades autónomas.

En su opinión, “esta falta de homogeneidad produce un desajuste entre lo que pretenden ser criterios generales comunes para todo el territorio del Estado y la realidad jurídica dispersa de cada comunidad, que impide completar la reforma del sistema de protección que persigue la normativa estatal“.