La falta de vivienda adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual en España es una realidad que ha generado una situación de emergencia habitacional.
La ley reconoce por fin la recuperación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, lo que ha llevado a que los bancos, a falta de la información adecuada, bloqueen las cuentas de estas personas.
